n foros de discusión sobre la iniciativa de reforma financiera, organizados en las cámaras de Diputados y en la de Senadores, así como en reuniones de grupos parlamentarios, se ha escuchado a representantes de una banca muy diferente a la que vemos a diario y cuyos promocionales inundan los espacios publicitarios. Esta banca, constituida por cientos de entidades y decenas de miles de socios, que se han conformado con el fin de resolver la carencia de crédito, así como las necesidades de formación financiera para atender requerimientos de crecimiento, presta un servicio de enorme importancia para la economía del país.
Agrupados en distintas organizaciones, como la Confederación de Cooperativas de Ahorro y Préstamo de México, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas, la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, entre otras, que les permiten desarrollar de mejor manera actividades bancarias que apoyan a sectores que no han sido atendidos por los bancos comerciales, han expresado opiniones que, en síntesis, señalan que el planteo presentado por el Ejecutivo, avalado por los integrantes del Pacto por México, no sirve para la consolidación de la banca social.
En el marco general de un sistema bancario con una penetración increíblemente reducida que, según la información de la OCDE de la deuda privada como porcentaje del PIB, alcanza apenas 20 por ciento, la participación de esta banca social es igualmente reducida, pero su ubicación geográfica y en la estructura social del país la hace extremadamente importante. Uno de los propósitos de la reforma financiera es la inclusión de los excluidos del mercado de servicios bancarios. Estos actores han advertido que la Reforma les mantiene excluidos y que eso es inadmisible.
Un dato interesante y que revela la capacidad de respuesta de esta banca social es el incremento de la cartera luego de la contracción de 2009. Ubicando el segundo semestre de 2009 como base, la cartera total de los bancos creció al cuarto trimestre de 2012 cerca de 25 por ciento. Los bancos comerciales mexicanos la incrementaron caso 60 por ciento, mientras los extr
Otorgan crédito, además, a tasas menores a las de cualquier banco comercial, de alrededor de 21 por ciento anual, pese a que el costo de su fondeo es mucho mayor que el de esa banca moderna, sólida, altamente capitalizada, pero inútil para el desarrollo del país. El costo de fondeo de la banca extranjera es de menos de 35 por ciento de la TIIE, alrededor de 1.5 por ciento anual, en tanto que los bancos comerciales mexicanos se fondean a 2.6 por ciento anual. Para la banca social el costo de los recursos que dedican al crédito es de cerca de 3 por ciento, el doble del costo de los bancos comerciales extranjeros que operan en México.
Estas dificultades en la operación no han impedido que la banca social atienda a sus comunidades, a sus socios. Lo hacen. Además, con impedimentos legales que, en el caso de las cooperativas de ahorro y préstamo, les impide dar crédito a personas morales, aunque sean microempresas a las que nadie atiende sus necesidades bancarias. Por esto, han planteado la exigencia de incorporarlos como sujetos relevantes en el sistema bancario mexicano.
Del mismo modo que en la Constitución se reconoce que la economía mexicana está constituida por el sector público, el privado y el social, en la Ley de Instituciones de Crédito debe reconocerse que el sistema bancario está conformado por la banca de desarrollo, la banca comercial y la banca social. Esta banca social demanda una legislación bancaria propia, que reúna lo señalado en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en la Ley Reglamentaria de las Cooperativas de Ahorro y Crédito y en otros ordenamientos. La oportunidad abierta por la propuesta de reforma financiera debiera aprovecharse, fomentando a entidades fundamentales para el desarrollo del país.
