Con el foro que realizó sobre los derechos de los contribuyentes, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) posicionó de cara a la reforma fiscal y entre representantes de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo su planteamiento de que el cobro de impuestos no debe atentar contra el llamado mínimo vital, es decir el conjunto de condiciones mínimas materiales que el Estado debe garantizar para que toda persona tenga una subsistencia digna y que no se limita a la supervivencia económica.

Definitivamente existen los derechos fundamentales del contribuyente y el mínimo vital va progresando como nuevo concepto en materia tributaria, aseveró Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la federación al participar en el foro, pero acotó que es un concepto muy amplio que abarca todos los derechos económicos y sociales que debe satisfacer el Estado, como educación, vivienda o salud.

Calificó de arriesgado pretender a través del mínimo vital tributario que el Estado pretenda cumplir con ese mínimo vital ampliado y sostuvo que corresponde al Poder Legislativo establecerlo.

No obstante, cuestionado por Augusto Fernández Sagardi, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, sobre cómo se puede aplicar el mínimo vital en los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado (IVA), el procurador consideró que sería mediante una canasta básica pero criticó que actualmente ésta incluya productos inadmisibles como chicles, golosinas, manguitos con chamoy u jugos con tasa cero.

La titular de la Prodecon, Diana Bernal Ladrón de Guevara, puntualizó que en materia tributaria el mínimo vital es simplemente respetar un umbral, un mínimo en el que no haya tributación para que se les permita tener los elementos o ingresos básicos para subsistir y consideró que éste principio nos permite tener una nueva concepción de lo que debe ser el diseño de la política tributaria legislativa.

Sostuvo: me agrada mucho lo que ha dicho Javier Laynez de que una canasta básica a lo mejor en impuestos indirectos podría garantizar este mínimo vital y sobre los gravámenes directos, como el impuesto sobre la renta (ISR) aseveró que la forma más simple y fácil de cumplir con el mínimo vital sería una deducción mínima general para todas las personas físicas.

Advirtió que tal concepto de subsistencia no debe ser privilegio de la clase trabajadora o asalariada porque aunque se le ha considerado como históricamente vulnerable resulta privilegiada frente a gente tan desprotegida que ni siquiera tiene un empleo. El mínimo vital, abundó, no debe cumplirse nada más a través del ingreso, sino también a través de mayor recaudación para lograr mayor gasto social que permita una mejor redistribución de la riqueza.

El senador del PRD, Armando Ríos Piter, ponderó que la Prodecom establece un piso de discusión para la reforma hacendaria con el tema del mínimo vital, ya que cuenta con fundamentos constitucionales, jurídicos y de convenios internacionales suscritos por México, así como una profunda perspectiva de política social que servirá para hacer un debate serio sobre qué tan trascendente y positivo puede ser la discusión del IVA en alimentos y medicinas.

Entraña además principios de proporcionalidad y equidad porque se debe considerar la capacidad contributiva de cada persona: Tenemos aquí oro en esta discusión, un garbanzo de a libra.

Con ello, dijo, el debate de la reforma fiscal no debe centrarse sólo en la creación de más impuestos o no y se tiene otra visión sobre el IVA en impuestos y medicinas, ya que quienes lo proponen argumentan que pagarán más los que ganan más, pero existen grandes diferencias en la población sobre la proporción que estos productos representan en su gasto.

El 10 por ciento de los hogares con menores ingresos dedican prácticamente 50 por ciento de su gasto a alimentos, bebidas y tabaco. El decil de más altos ingresos dedica sólo 22.9 por ciento de sus ingresos a alimentos, señaló el legislador.

Hay 22 millones de mexicanos, refirió, que no comen la ingesta calórica que requieren diariamente y plantó que además del IVA se necesita arreglar la competencia en el mercado de los alimentos porque por los monopolios y oligopolios en alimentos se paga 6 por ciento más que en otros países.