El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió ya un segundo incidente de inejecución de sentencia promovido por legisladores del PRI en contra de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, relacionada a un nuevo intento frustrado de convocar a periodo extraordinario de sesiones para designar al consejero faltante del Instituto Federal Electoral. El recurso se relaciona a la segunda resolución de los magistrados para que se proceda a nombrarlo.

Al dar entrada a este recurso, el TEPJF podría sesionar en un plazo relativamente breve para exigir su cumplimiento, mediante una nueva resolución. Sin embargo, de lo establecido por los magistrados en la reunión no se desprende que eventualmente pudieran sesionar para designar al nuevo consejero, puesto que el alcance de la sentencia es ordenar a la Comisión Permanente a convocar al periodo extraordinario para discutir el nombramiento.

Para el consejero electoral, Alfredo Figueroa, este nuevo rechazo en la designación debe ser valorado en sus términos, sin dejar de lado un aspecto vital política y jurídicamente hablando: la necesidad de que el nuevo integrante sea designado con la votación de dos terceras partes de la Cámara de Diputados y no experimentando otra vía.

Señaló que si bien es preocupante que el IFE opere sin su integración completa, no por ello es menos relevante la necesidad de que el nombramiento del consejero faltante surja a partir de la construcción del consenso necesario entre las fuerzas políticas del país.

Instó a los legisladores a buscar los acuerdos necesarios y al TEPJF a decidir sobre las alernativas que estimen conducentes. En ambos casos debe haber razones en la determinación jurisdiccional y en la respuesta legislativa para revisar los tiempos y las formas de la designación.

El consejero Francisco Guerrero reprobó este nuevo de-sacato de los legisladores a la resolución del TEPJF porque deberían ser los primeros obligados al cumplimiento de la ley. Su actitud, dijo, solo envía malas señales a la sociedad, que percibirán, con razón, que justamente los responsables de elaborar las leyes, no asumen ese mandato al desacatarlas y pareciera que proceder así no tiene ninguna repercusión legal para quien de esta forma lo hace.