La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no se ha comprometido a mantener las concesiones de Mexicana de Aviación y entregarlas a los trabajadores; eso es justo lo que estamos buscando para que, al tener esa certeza y el certificado de operador aéreo, entonces vayamos a una quiebra negociada, aseguró el abogado de los trabajadores de tierra, Joaquín Ortega Esquivel.

El representante detalló que hasta el momento lo que la SCT ha ofrecido es hacer una evaluación de las rutas de Mexicana, que a casi tres años de su salida del mercado no se han logrado cubrir, sobre todo en el llamado mercado étnico, lo cual tendrá una severa repercusión si se sella la frontera entre México y Estados Unidos como resultado de la reforma migratoria, pues serían millones de mexicanos los que no podrían regresar al país.

El abogado explicó que los dirigentes de los tres sindicatos de Mexicana le propusieron al secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, que se comprometa por escrito a mantener las concesiones de las tres aerolíneas, que apruebe la entrega del certificado de operador aéreo, cuyo trámite ellos ya iniciaron, y que se garantice la unidad de los bienes de Mexicana y su traslado a los trabajadores.

Entonces la SCT, el conciliador Gerardo Badín, o el ministerio público pueden solicitar la quiebra y entonces serían los empleados quienes buscarían un inversionista o integrarían una cooperativa para reactivar la empresa con dinero obtenido mediante créditos, en los que queden como garantías los activos como el taller de mantenimiento MRO.

Puntualizó que el escenario de la quiebra está considerado sólo bajo esas circunstancias, que sea una salida negociada y que proteja los intereses de los trabajadores. Sin embargo, aclaró que hasta el momento hay dos grupos de inversionistas interesados y que están tratando de demostrar ante el juzgado decimoprimero de distrito en materia civil que tienen los 100 millones de dólares básicos para reactivar a Mexicana.

Destacó que los secretarios generales de los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra insistieron ante Ruiz Esparza, en una reunión del miércoles pasado, que si el gobierno federal ejerciera acción penal en contra de Gastón Azcárraga, gran parte de las deudas de Mexicana quedarían saldadas. Sin embargo, de cuatro denuncias relacionadas con este caso sólo camina una y no involucra al empresario como miembro del consejo de administración de Nuevo Grupo Aeronáutico, sino que está dirigida a los encargados de llevar la administración de Mexicana de Aviación, a quienes se responsabiliza de evasión de los impuestos sobre la renta (ISR), al valor agregado (IVA) y tarifa por uso aeroportuario (TUA).

Las otras tres denuncias en las que sí se responsabiliza a Gastón Azcárraga, funcionarios públicos y a otros miembros del consejo de administración de Nuevo Grupo Aeronáutico no muestran avances, por lo que la posibilidad de que se finquen responsabilidades en contra de ellos es lejana, dijo el abogado.