Hermosillo, Son., 26 de junio.

La disputa por el agua del río Yaqui mantiene divididos a la opinión pública y a los gobiernos federal y estatal, y sufriendo a usuarios de la carretera federal 15 México-Nogales, bloqueada por integrantes de la tribu yaqui y del Movimiento Ciudadano por el Agua (MCA) cerca del poblado de Vícam, municipio de Cajeme.

Hace casi un mes los manifestantes cruzaron sus tractores y troncos sobre la carretera federal 15 México-Nogales, para cerrarla de manera intermitente. Viajeros y transportistas han tenido que soportar horas de espera con temperaturas de más de 40 grados centígrados. Siete ayuntamientos de la región apoyan abiertamente el movimiento y el gobierno estatal arguye que es un problema federal.

El argumento central del MCA del sur del estado es que el gobierno del panista Guillermo Padrés está en desacato al no haber obedecido ninguna de las órdenes de los tribunales federales y continuar con el proyecto del acueducto Independencia, y más recientemente, realizar el trasvase de agua de la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) a la ciudad de Hermosillo con las obras ya concluidas, a pesar de no contar con autorización de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La posición del gobierno del estado ante los bloqueos en la carretera federal ha sido no intervenir, por considerarlos un problema de orden federal. Si las fuerzas federales realizan un desalojo, la policía estatal intervendrá si así nos lo solicitan, dijo en su momento el procurador de Justicia del estado, Carlos Navarro Sugich.

Los manifestantes señalan que el trasvase causará pobreza, desempleo y migración en una de las zonas agrícolas más grandes del país.

Padrés Elías aduce que el gobierno tiene la obligación de dotar de agua a los habitantes de la capital sonorense.

Saqueo y fugas

El MCA, en tanto, ha revelado la existencia de 288 tomas clandestinas de agua a lo largo del recién inaugurado acueducto, las cuales van a parar a algunos ranchos de ganaderos desde la presa Plutarco Elías Calles hasta Hermosillo.

Según un informante del movimiento, quien presentó fotografías, durante un recorrido miembros del MCA detectaron que esas tomas benefician a los ranchos El Zacatón, ubicado en el kilómetro 132 de la carretera Hermosillo-El Novillo, propiedad de Prisciliano Melendres; El Adivino, en el kilómetro 90, propiedad de la familia Mazón; El Cuzani, en el kilómetro 75, así como Las Palomas y San Marcos.

Los integrantes del MCA y de la tribu yaqui denuncian además que se desperdicia mucha agua debido a las fugas a lo largo del acueducto, por lo que prácticamente el trasvase de la presa El Novillo restará más agua que la estimada por el gobierno del estado.

El presidente del MCA, Alberto Vizcarra, declaró que el documento del proyecto hidráulico señala que el uso del agua proveniente de El Novillo se usará en las áreas industriales y comerciales de Hermosillo. Menciona la planta de Ford y cadenas comerciales trasnacionales y mexicanas entre ellas Cotsco, Sam’s y Walmart.

Los inconformes señalan que serán mucho más de 75 millones de metros cúbicos con los cuales el gobierno estatal beneficiará no solo a la población de Hermosillo, sino sbre todo a rancheros, industriales y agricultores de los alrededores de la capital.

Este hecho refuerza la idea de que no es sólo una lucha por el agua, sino una competencia por un recurso que definirá el desarrollo de la región, sur o norte, según sea el caso, en detrimento de la que resulte perdedora.

En nombre del pueblo yaqui y del MCA, el diputado federal priísta Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, solicitó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la intervención del gobierno federal para solucionar el conflicto.

Director de Aguas, el único sancionado

Ana Luisa Pacheco Especial para La Jornada

Hermosillo, Son., 26 de junio.

El bloqueo carretero que tiene semiparalizada la vida social y económica del sur de Sonora desde hace un mes es resultado de una larga historia de desacatos a órdenes judiciales.

La construcción del acueducto Independencia, anunciada el 6 de octubre de 2010, fue impugnada por la tribu yaqui –una de las más numerosas del norte del país–, y el 4 de noviembre de 2011 la juez octava de distrito, María del Rosario Alcántar Trujillo, ordenó dejar sin efecto la licitación de la obra. Sin embargo, dos meses después el gobernador Guillermo Padrés encabezó el inicio de la construccion.

El 4 de mayo de 2012, las autoridades tradicionales del pueblo de Vícam obtuvieron un amparo en el juzgado cuarto de distrito, con sede en Culiacán, Sinaloa, para que el director general de impacto y riesgo ambiental adscrito a la Subsecretaria de Gestión para la protección Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos naturales (Semarnat), dejara insubsistente la resolución de impacto ambiental (emitida el 23 de febrero de 2011) que autorizaba la construcción del acueducto, a fin de garantizar a la comunidad el derecho de audiencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso precisamente porque las autoridades federales autorizaron la manifestación de impacto ambiental sin cumplir el mandato constitucional de otorgar a los yaquis derecho de audiencia.

El 31 de julio de 2011, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó al gobernador Guillermo Padrés Elías a acatar las resoluciones del Poder Judicial de la Federación y obedecer la orden de suspensión del acueducto Independencia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cargo de Raúl Plascencia emitió la recomendación 37/2012, con la cual exhortó al gobernador Padrés a suspender la construcción del acueducto. Le pidió al mandatario que instruyera a los funcionarios que aplicaran el Fondo de Operación de Obras Sonora Sí para llevar a cabo la suspensión de las obras relacionadas con la licitación y desarrollo del proyecto, y crear mecanismos para que el agua se trate como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico.

El 14 de mayo de 2012, el juez segundo de distrito de Hermosillo, Erubiel Ernesto Gutiérrez, dictó sentencia condenatoria por desacato al titular de la Comisión Estatal del Agua, Enrique Martínez Preciado, coordinador del Fondo de Obras Sonora Sí, entidad responsable de la ejecución del acueducto. Fue condenado a un año de prisión y lo inhabilitaron para desempeñar un cargo público; además se le impuso una sanción económica de 500 salarios mínimos. Sin embargo, el resto de los funcionarios acusados por el mismo delito, incluido el gobernador, no fueron sujetos a proceso.