Con la voz firme, Andrés Granier Melo sostuvo ayer, frente a un tumulto de periodistas y la juez federal Taissia Cruz Parcero, que es inocente. No cometí ilícito alguno. Hemos pertenecido a familias de solvencia económica y moral. No le debo nada a nadie, declaró detrás de la ventanilla enrejada del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Oriente.

Granier escuchó en voz de un secretario de acuerdos la lectura de las imputaciones que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de 35 millones 338 mil 315 pesos.

El funcionario del juzgado refirió que existieron diversos depósitos a las cuentas bancarias de Granier que no concordaban con sus ingresos, entre ellos 35 millones 338 mil pesos de procedencia ilícita por los cuales está sujeto a proceso penal.

En la audiencia de ayer sólo se hizo mención de ese delito, pero nada se dijo de los cargos por defraudación fiscal.

Granier pidió un juicio justo y solicitó ampliar de 72 a 144 horas el plazo constitucional para presentar pruebas de su inocencia, el cual vencerá la noche del próximo martes.

–¿Desea agregar algo más? –le preguntó la juez Cruz.

–Manifiesto que me encontraba fuera del país por tres motivos: uno, por un distanciamiento político con el actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez; dos, porque tengo un problema de salud que atendía en Miami, del corazón y de la próstata, y tres, porque recibí amenazas del crimen organizado durante mi gestión; una fue un mes antes de que concluyera mi administración y que iban a atentar contra mi vida –respondió.

Sin embargo, me presenté en la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuancia Organizada) porque es mi voluntad (aclarar) todos y cada uno de los cargos que se me imputan porque creo en las leyes mexicanas y porque me queda claro que ésta es una persecución política del gobernador Arturo Núñez, añadió.

Los abogados del político priísta, encabezados por Eduardo Luengo Creel, no manifestaron inconformidad alguna, al menos de manera verbal, por el hecho de que la juez sea esposa de Renato Sales Heredia, designado el 4 de junio subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.

Por ese lazo con el tercer funcionario en importancia en la PGR, la juez Cruz está impedida legalmente para resolver la situación jurídica de Granier (si lo sujeta a proceso penal o decreta su libertad). Lo único que le está permitido es efectuar la audiencia preparatoria, pero de inmediato deberá turnar las actuaciones al juez de Tabasco.

El artículo 444 del Código Federal de Procedimientos Penales ordena: Los magistrados y jueces deben excusarse en los asuntos en que intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que señale la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En tanto, el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estipula: “Los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito (como en este caso), los miembros de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos por algunas de las causas siguientes:

“I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;

III. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge (como es el caso) o sus parientes, en los grados que expresa la fracción primera de este artículo, indica esa norma jurídica.

Granier vestía el uniforme caqui de los reclusos. En varias ocasiones pidió sentarse y en otras se levantaba y, tomado de la rejilla, escuchaba al secretario de actas.

¿Me puedo sentar? No puedo estar parado. Por favor, continúe. Me acaban de operar, fueron algunas de las frases que dijo Granier durante la diligencia, asistido por paramédicos, que en algún momento le ofrecieron una pastilla para aminorar sus malestares.

Citan para hoy al ex secretario de Salud

René Alberto López Corresponsal

Villahermosa, Tab., 26 de junio.

Las autoridades federales deben trasladar a Tabasco al ex mandatario estatal Andrés Granier Melo porque en esta entidad se lleva a cabo el proceso penal en su contra y se encuentra radicado el juez federal que autorizó su aprehensión, informó el gobernador Arturo Núñez Jiménez.

Durante una gira por el municipio de Huimanguillo, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene el arraigo contra el priísta porque no han pasado los 30 días de que fue dictada la orden, el 14 de junio.

El mandatario perredista advirtió que todos los que pudieran estar involucrados en el desfalco al erario serán llamados por las autoridades. Explicó que una vez que Granier sea enviado a Tabasco se terminará de integrar la averiguación previa DGI-67/2013 y girar una orden de aprehensión local.

Mencionó que no sólo espera que se castigue a los responsables del saqueo al presupuesto (calculado en más de mil 900 millones de pesos), sino recuperar parte de los recursos. Núñez Jiménez dijo que se necesita un escarmiento ejemplar y descartó que el proceso contra su antecesor sea una revancha política o ajuste de cuentas.

La PGJE informó la tarde de este miércoles que notificó al ex secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata, para que se presente ante la agencia del Ministerio Público investigador adscrita a la Dirección General de Investigaciones este jueves a las 10 horas para que declare como testigo y/o como persona relacionada con los hechos que se investigan en la averiguación DGI-067/2013. También se notificó al ex director administrativo de la dependencia, Adalberto Vázquez Gómez, para que comparezca a las 12:30 horas.

El 14 de junio Graham no se presentó al primer citatorio para declarar ante la fiscal Luz del Alba Pardo Cruz. El ex aspirante a la candidatura del PRI al gobierno del estado y abanderado a la alcaldía de Villahermosa en julio pasado, estuvo al frente de la Secretaría de Salud desde el inicio del gobierno de Granier, del primero de enero de 2007, hasta el 5 de diciembre de 2011, cuando renunció para buscar la postulación. Lo sustituyó el entonces diputado local Carlos Manuel de la Cruz, quien compareció el 14 de junio como testigo.

En diciembre de 2012 estalló la crisis en el sistema hospitalario de la entidad por falta de medicamentos, materiales de curación y oxígeno. Pacientes del Hospital del Niño, en la capital del estado, tuvieron que ser trasladados a otros nosocomios.