El PRI solicitó que la Procuraduría General de la República (PGR) informe a la Comisión Permanente el estado que guarda la investigación por la denuncia que presentó hace más de un año el Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) respecto de la venta ilegal de bases de datos protegidos.

Asimismo, demandó al Ifai un reporte sobre los mecanismos de autorregulación que ha puesto en marcha para proteger las bases de datos personales, así como de las multas impuestas a particulares derivadas del incumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

Ante las denuncias públicas que se han conocido por las ventas ilegales de las bases de datos de instituciones bancarias, registros de Afore, el padrón electoral y de usuarios de compañías telefónicas, el grupo parlamentario del PRI en el Senado dijo que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial ha sostenido que ese tipo de padrones o bases de datos se va al crimen organizado, por lo que es delito. Hay que perseguirlo y atacarlo, ya que mucha de esa información es privada y se proporciona a las instituciones con la seguridad de la privacidad de la información.

Asimismo, los senadores del tricolor señalan que la consejera electoral María Marván, presidenta de la comisión del Registro Federal de Electores, ha dicho que “el IFE asume con toda responsabilidad –la venta del padrón electoral–, y en caso de comprobarse, se da vista y se hace la denuncia en la PGR, a la Fepade, probablemente a la unidad de delitos cibernéticos”. Incluso, refieren, “el Ifai informó que hace más de un año presentó una denuncia en la PGR, por la venta de la base de datos que resguarda.

En 2011 abrió una investigación y requirió información sobre el tratamiento de bases de datos a seis instituciones bancarias, tres empresas telefónicas y una compañía de tarjetas de crédito, de las que se ha dicho fueron extraídas sus bases de datos, para comercializarlas de manera ilegal”.