La alerta de violencia de género se ha politizado y los gobiernos e institutos estatales de la Mujer temen que sea considerada un indicador de falta de acción de las autoridades que han impedido su decreto, en lugar de verla como una herramienta para combatir de forma efectiva el problema de feminicidios y violencia en las entidades, criticaron miembros de colectivos de género.

Elsa Conde, de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, lamentó que el instrumento sea visto como un indicador de negligencia y de falta de visión de lo que es la política de género para enfrentar la violencia, de ahí que dichas instancias estatales busquen que ni siquiera se apruebe llevar a cabo una investigación que pueda derivar, eventualmente, en el decreto de una Alerta de Violencia de Género.

Caso omiso a demanda

Hasta ahora, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León, estado de México, Guanajuato y Morelos han solicitado la declaratoria de dicho mecanismo, sin que haya sido aceptada.

La ex legisladora consideró que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, integrado por dependencias del gobierno federal y los institutos estatales de la Mujer ha fallado, pues no ha promovido que, por lo menos, se realice la investigación en cada estado.

Lamentó que hasta ahora el respeto a las leyes y los derechos humanos se logre a través de amparos y otros instrumentos jurídicos y no por la voluntad política y el compromiso del Ejecutivo.

Por su parte, Alejandra Sepúlveda, del colectivo feminista Pan y Rosas, consideró insuficiente la alerta de violencia de género, pues, dijo, se debe impulsar un plan nacional de lucha contra la violencia hacia las mujeres.

Sobre la negativa reiterada a decretar dicha alarma, concretamente en el caso del estado de México, como ordenaron ya instancias judiciales, la feminista agregó que eso es signo de que el gobierno “no quiere reconocer que hay un problema de violencia hacia las mujeres y feminicidio”.