a Corte Suprema de Justicia (SCJ) argentina acaba de declarar inconstitucional una ley aprobada por aplastante mayoría que modifica la elección del Consejo de la Magistratura y renueva el sistema judicial instaurando la elección popular de los jueces, como en Estados Unidos, y establece que en las elecciones parlamentarias de octubre ya se debería votar, por primera vez, para elegir magistrados. Con el fallo de la SCJ no sólo se impide dicha elección popular, sino que también se mantiene un sistema corporativo mediante el cual pocas decenas de jueces y escasos centenares de abogados pueden conformar y transformar el Consejo de la Magistratura que selecciona y controla a los jueces, que han sido heredados de la dictadura militar y, en su inmensa mayoría, son muy conservadores y tienen fuertes lazos de familia o de intereses con los grandes grupos económicos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acató el fallo, pero no lo acepta.

En efecto, hasta ahora cada medida o cada ley o artículo de ley que un monopolio considera lesivo encuentra de inmediato un juez dispuesto a aceptar un pedido de amparo y a declararlo inconstitucional, obligando al gobierno a apelar y a llevar el proceso, por años, hasta la Suprema Corte. Así está sucediendo, por ejemplo, con la Ley de Medios, aprobada por el Parlamento hace más de tres años, que no se aplica porque Clarín, que no quiere desmontar su monopolio y ceder espacios televisivos, la frena con sucesivos fallos de sus jueces cómplices. Así sucede también con los procesos a los genocidas que avanzan dispersos y con cuentagotas. De modo que el enfrentamiento entre el Poder Judicial y los poderes Legislativo y Ejecutivo es permanente y se agrava, sobre todo porque la elección popular de los jueces rompería el poder corporativo y reduciría los privilegios de éstos, representados por el caso emblemático del juez Fayt, de la Suprema Corte, que habría debido jubilarse por ley a los 75 años, pero a los 95 sigue emitiendo fallos gracias, precisamente, a recursos de amparo.

¿Qué pasará ahora en Argentina ante la visible alianza entre los diversos grupos de oposición de derecha y ultraderecha y el Poder Judicial, que paraliza al gobierno?

La aceptación de esta situación que congela la obligación de actuar y decidir, a mi juicio, durará hasta saber cuáles son los resultados de las elecciones de octubre próximo, en las que el gobierno kirchnerista se resigna a perder votos, pero espera mantener una mayoría tal en las cámaras que, con algunos votos de aliados o comprados, le den la mayoría absoluta necesaria para reformar la Constitución actual. Leopoldo Marechal, un gran escritor argentino, decía que de los laberintos se sale por arriba.

En este caso, salir por arriba significa redoblar la apuesta y modificar la Constitución para incorporarle textos que permitan aprobar nuevas leyes que toquen grandes intereses y, posiblemente, para resolver también el laberinto del kirchnerismo que encara una tercera elección de Cristina Fernández (la actual Constitución sólo permite dos gobiernos seguidos) porque no tiene otro candidato potable y presentable.

Ante las encuestas que indican que los candidatos kirchneristas podrían perder en los principales distritos electorales del país (provincias de Buenos Aires, de Santa Fe y de Córdoba, más la capital federal), la presidenta está recurriendo a cualquier pretexto para iniciar una vigorosa campaña en esos distritos.

Así, con motivo de los 400 años de la Universidad de Córdoba, realizó en la capital cordobesa un gran acto en el cual trató de separar las tradiciones democráticas e izquierdistas de un sector del partido radical de los conservadores que dirigen ese partido leyendo párrafos de los dirigentes de la reforma universitaria de 1918, recordando al ex gobernador Amadeo Sabbattini, cordobés y cercano a Perón en su momento, y hasta apelando al recuerdo de la insurrección obrera-estudiantil llamada cordobazo y de los líderes sindicales Atilio López (asesinado por la Alianza Anticomunista durante el último gobierno de Perón) y Agustín Tosco, quien se alió con la izquierda revolucionaria y luchó toda la vida contra la burocracia sindical reaccionaria, corrupta y servil que utilizaba el peronismo y utilizaron después las dictaduras. El gobernador cordobés, peronista de derecha, no se dignó a asistir a ese acto.

Asimismo, con motivo del aniversario de la creación de la bandera nacional, hizo otro acto masivo –con temperatura bajo cero– en Rosario, feudo del opositor gobierno provincial socialista, que es eje de una alianza con toda la oposición. Seguramente en los próximos días hará pesar también su presencia en la provincia de Buenos Aires y posiblemente hasta en la capital, donde el peronismo fue siempre minoritario y minoritario (cerca de 30 por ciento de los votos) es también el kirchnerismo.

De este modo, dentro del giro a la derecha que el gobierno kirchnerista estaba realizando hay ahora un contragiro hacia la izquierda, obligado por el fallo judicial y por la necesidad de ganar las próximas elecciones y de disputarles el electorado democrático, hasta ahora arrastrado por la oposición, a los sectores derechistas y conservadores.

La suerte está echada. Para escalar las paredes del laberinto Cristina Fernández necesita arrastrar a su Armada Brancaleone bautizada Frente para la Victoria y lograr una base de votos que supere el 35 por ciento o recuperar casi todas las curules que están en juego. Aunque aún no reveló si volverá a presentar su candidatura, esas son las condiciones indispensables para poder reformar la Constitución. Por supuesto, los jueces están lejos de ser populares. Pero para lograr un apoyo estable se necesita algo más que repudiarlos, sobre todo en tiempos de vacas flacas y cuando se suceden los desastres ferroviarios debidos a la privatización y las perspectivas mundiales son negras.