Al no emitir la alerta por violencia de género en el estado de México, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres está jugando con la vida de las posibles víctimas y además desacata una orden expresa del Poder Judicial en ese sentido, advirtió María de la Luz Estrada, integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.

La declaratoria de la alerta de género en esa entidad, recordó la activista, ya fue ordenada por el juez noveno en materia administrativa del Distrito Federal, José Eduardo Alvarado Ramírez, por lo que al no atenderla e incluso no informarle a los integrantes del sistema nacional que tienen 10 días naturales a partir del miércoles anterior para ponerla en marcha, las autoridades federales están incurriendo en desacato.

Sentimos una gran indignación porque la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de las Mujeres están jugando con la vida de las personas. No es posible que en la última sesión ordinaria del sistema digan que este es un asunto importante y luego ellos mismos obstaculicen y dilaten el proceso, lamentó.

Aunque ayer el juez encargado del caso ya le notificó a las dos entidades mencionadas que están incumpliendo su fallo –confirmado en mayo de este año por un tribunal colegiado, luego de que varios estados apelaran–, por una cuestión política ninguna de ellas le ha notificado al sistema nacional que tienen un plazo definido para acatarlo, por lo que diversas organizaciones sociales iniciarán una demanda penal en su contra.

Según Estrada, al feminicidio en el estado de México se suma también el problema de la desaparición, pues en tan sólo dos años han sido víctimas de ese delito más de mil 200 mujeres de entre 13 y 17 años de edad, según datos de la misma Procuraduría General de Justicia local.

Por su parte, Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, indicó que las alertas de género no funcionan porque la discusión sobre ellas se ha politizado, en vez de analizar y resolver las condiciones reales de esta problemática.

La obligación de las autoridades para no vivir en la simulación es decretarlas todas. Sería conveniente rediseñar el mecanismo que lo decide, pero es más un problema de voluntad política y de congruencia, subrayó.