a Coparmex, organización de empresarios de nuestro país, manifestó indignación por la liberación de unos jóvenes acusados de vandalismo y apremió a las autoridades de la ciudad de México, ejecutivo y legislativo, a que modifiquen el Código Penal e incrementen la pena del discutible delito de ataques a la paz pública, con objeto de que los acusados de ese ilícito tengan que afrontar en prisión el proceso que determinará sí son o no culpables.
Los siete muchachos que están libres bajo caución, pero acusados y procesados por los acontecimientos del pasado 10 de junio, son inocentes, en primer lugar, porque tienen a su favor el principio de la presunción de inocencia, según el cual nadie es culpable si no lo define una sentencia firme, dictada en un juicio imparcial y en el cual se respeten las garantías de defensa y debido proceso; en segundo término, porque según lo han afirmado testigos, se ve en videos y lo declararon los mismos acusados, ellos estuvieron en la manifestación que recuerda el Jueves de Corpus, cuando supimos por primera vez de los halcones, pero no participaron en agresiones a policías y daños a bienes.
Manifestarse no es delito, tampoco lo es gritar consignas o protestar en contra de acciones de la autoridad; en cambio, sí lo es agredir a personas o destruir bienes, y en este caso lo reprobable y lo que se discute en los tribunales es que se permitió que los agresores encapuchados y violentos escaparan y se detuvo en su lugar a manifestantes que ejercían su derecho de libre asociación y a la libre expresión de las ideas, ambos garantizados por la Constitución.
Mi opinión es que los detenidos y procesados no fueron los agresores, así lo han testificado y sostenido quienes estuvieron cerca de los hechos, y es lo que los defensores de estos jóvenes aducen ante su juez; lo ético, lo decente y lo legal es que no se condene a nadie antes de que los tribunales se pronuncien, escuchando a las partes, acusación y defensa; sin embargo, varios medios de comunicación y la Coparmex dan por hecho, antes del juicio, que los detenidos son los responsables.
Se indignan y enfrentan a los poderes constituidos del Distrito Federal para exigir modificaciones a las leyes, que en este tipo de acusaciones permiten seguir el proceso en libertad; quisieran que todos aquellos que son señalados por policías que los detienen o son satanizados por noticieros reiterativos hasta el cansancio, mientras se averigua sí son inocentes o culpables, se les mantenga en prisión.
La verdad es que el sistema, del que los empresarios de las cúpulas forman parte, no quieren que haya protestas, ni manifestaciones ni opiniones diferentes a las oficiales, les molestan, y como no tienen argumentos en contra de las expresiones políticas de rebeldía, quisieran que éstas se acallaran por la fuerza y el temor, por eso se atienen a linchamientos mediáticos y piden incrementos en las penas, para disuadir futuras manifestaciones.
La prisión preventiva es a veces necesaria para evitar que delincuentes peligrosos evadan la justicia, otras veces es un claro atropello y se usa como herramienta para cobrar deudas civiles o para dirimir cuestiones familiares o laborales, pero siempre es un mal, aun cuando ocasionalmente sea un mal necesario.
En casos como el de los jóvenes manifestantes, la prisión preventiva es un arma política para reprimir a los disidentes actuales y disuadir, mediante amenaza a los disidentes del futuro, por ello, muy bien hicieron los poderes de la capital del país al disminuir penas a delitos discutibles y de dudosa utilidad social; también hizo bien el juez al permitir que acusados que alegan inocencia y que podrán probarla, no pasen meses en prisión.
La discusión es entre el autoritarismo, político y económico, y los ciudadanos. Gobernantes, legisladores y jueces tendrán que dejar a un lado ambigüedades y titubeos, y definirse con claridad.
