Un funcionario de la Secretaría de Finanzas y dos de la delegación Tlalpan fueron detenidos en acciones por separado, realizadas en forma conjunta por la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) y la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), al haber solicitado dinero a cambio de realizar un trámite administrativo y por no clausurar un establecimiento mercantil, respectivamente.

En Tlalpan, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos cometidos por Servidores Públicos y la CGDF realizaron un operativo para detener en flagrancia a Armando García Benhumea, quien se ostentó como asesor de la dirección general Jurídica y de Gobierno de la delegación, así como a Jorge Martínez Valdés, quien al parecer se desempeñaba como inspector de la demarcación.

Ambos detenidos habían citado a los propietarios de un restaurante para recibir el pago de un millón de pesos a cambio de no clausurar el establecimiento.

La CGDF, al tener conocimiento del hecho, solicitó la intervención de la PGJDF para detener a los servidores públicos. Así lo hicieron también en el caso de Mario Medina Martínez, funcionario de la Secretaría de Finanzas, quien pidió una cantidad de dinero a un contribuyente para agilizar un trámite catastral.

Adicionalmente, la CGDF ordenó realizar auditorías en las áreas en que laboraban los tres servidores detenidos a efecto de detectar si hay casos similares a los investigados.

Panistas hacen otra denuncia

Por otra parte, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), los diputados del PAN, Héctor Saúl Téllez y Priscila Vera Hernández, distribuyeron una grabación de audio que contiene una conversación telefónica entre un particular y una persona que, a decir de los legisladores, es un funcionario de la Secretaría de Finanzas del gobierno capitalino.

En el diálogo, el funcionario identificado como Ignacio Luna, ofrece al particular cambiar el valor catastral de su inmueble de clase 5 a 3 a cambio de 8 mil pesos.

Al inicio de la conversación, el particular se presenta como el de la cuenta predial 2013 que llegó por 9 mil 550 y algo y quien obtendría con dicha reclasificación bajar el impuesto a entre 2 mil 800 y 3 mil pesos.

En algún momento, el ciudadano reclama a Luna lo caro de ésto y pregunta: ¿Qué tiene que repartir mucho?, a lo que el funcionario responde: Sí es mucha cantidad porque tenemos que repartir entre varios.