a práctica de la tortura es uno de los atropellos a los derechos humanos menos visibilizados, menos comentados y más impunes de los seis años de guerra que ha padecido este país. Junto con las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias, forma parte del repertorio de abusos de poder que el Ejército y los diversos cuerpos policiacos han implementado contra la población civil, doble víctima de criminales y agentes del orden.

El próximo miércoles se conmemora el Día de Apoyo a las Victimas de la Tortura. Como muchas organizaciones de derechos humanos, el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y los familiares de las víctimas, van a manifestarse por los numerosos casos de tortura en esta frontera. Van a realizar tres plantones y performances ante dependencias de administración de la justicia para exigir la erradicación de esta práctica. Ya en el mes de marzo pasado, este centro, la Red Todos los Derechos para Todos, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Norte organizaron un concurrido foro sobre la tortura.

El Centro Paso del Norte, de septiembre de 2011 a la fecha ha registrado 65 casos de tortura y atendido 26 de ellos. Los juarenses pensaron que esta práctica se terminaría al salir de la frontera el Ejército y la Policía Federal, pero ahora los agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado y la policía municipal se han encargado de continuar empleando esta vergonzosa herramienta. En Juárez hay un promedio de 10 mil detenciones mensuales, sobre todo de jóvenes, muchas de ellas arbitrarias. Ese es el punto de partida de la cadena de la tortura. Una vez detenidos, muchos son torturados para que se autoinculpen o den información que luego será utilizada para culpabilizarlos.

En el informe sombra de la Comisión contra la Tortura de las Naciones Unidas, elaborado a finales de 2012 con la participación de diversas organizaciones de la Red Todos los Derechos para Todos, entre ellas el Centro Paso del Norte, se afirma que el hecho de que fuera el estado de Chihuahua el primero que implementó, desde 2008, el nuevo sistema de justicia penal, acusatorio, y oral regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, hacía esperar que incidiría directamente en la disminución de los casos de tortura y de impunidad de quienes la perpetran.

No ha sido así, por varias razones, como vuelve a señalar el informe: porque el sistema de justicia penal ha sido objeto de tantas reformas que ha devenido un verdadero Frankenstein jurídico, anulando muchas de sus cualidades y reviviendo los vicios del anterior. Sobre todo porque las contrarreformas permiten las detenciones sin orden judicial del probable responsable, propician el uso excesivo de la prisión preventiva y permiten la valoración de las pruebas fuera de juicio en contra del acusado.

Adicionalmente, la presión de las organizaciones sociales y de las familias de las víctimas de delitos como el feminicidio es tal que diversas autoridades acuden a la tortura para arrancar confesiones autoinculpatorias y así fabricar chivos expiatorios, que disminuyan la presión de la sociedad. Es el caso de Israel Arzate, joven acusado en falso de haber participado en la masacre de Villas de Salvárcar, ya relatado en este espacio.

Así, a pesar de indudables avances jurídico-legislativos, como las reformas constitucionales de hace dos años, en materia de derechos humanos, o el que México suscriba los principales tratados internacionales sobre abolición de la tortura, o la publicación desde septiembre de 2012 de la Ley para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Tortura en el Estado de Chihuahua, ésta continúa practicándose sistemáticamente por autoridades de todos los niveles. El principal factor de la permanencia y reproducción de este tipo de atropellos es la impunidad de que gozan quienes los llevan a cabo. En Chihuahua no se ha dado en todos los años de esta guerra contra el crimen ningún caso de un soldado o policía procesado y castigado por haber torturado a personas, a pesar de que los hechos de tortura se incrementaron significativamente con la cobertura de la guerra. En los primeros cuatro años de dicha guerra, entre 2006 y 2010, a pesar de que las denuncias por tortura se elevaron en 500 por ciento, sólo se procesó a dos personas por ese delito.

La impunidad de los torturadores es favorecida por fallas estructurales que el Estado debe eliminar a todos los niveles: hay falta de investigaciones ex oficio y de capacitación de quien deben llevarlas a cabo; se desincentiva la presentación de la denuncia, pues muchas veces son las mismas autoridades competentes quienes permiten la tortura; se deja toda la carga de la prueba al denunciante; falta la debida diligencia en las investigaciones, muchas veces los agentes del Ministerio Público, tanto civil como militar, clasifican los casos de tortura como delitos de menor gravedad, otras veces, las propias autoridades hostigan a las víctimas y sus familiares si presentan alguna denuncia por tortura.

Por todo esto es urgente que, aprovechando este Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, el gobierno federal y los gobiernos estatales abran espacios de diálogo, de trabajo conjunto, con las organizaciones de derechos humanos y de víctimas para reconocer, por fin, el mal de la tortura en toda su dimensión, para escuchar las propuestas e iniciativas muy concretas y pensadas que éstas manejan, para transformar en cursos de acción efectivos los buenos marcos jurídicos y para terminar con la impunidad que opera como aval de Estado para que se siga torturando.