a Coparmex, el organismo de presión política del sector privado y promotor de las desigualdades, lanzó una amenaza a los asambleístas –no a todos, los panistas estarán a salvo– para que en 30 días estructuren una contrarreforma al Código Penal de esta ciudad, que endurezca las penas en contra de quienes puedan agredir a las personas y su patrimonio, a las empresas y sus inversiones, e inclusive a la autoridad.

Está claro que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal casi todos los diputados están, o deben estar, conscientes de que lo ocurrido el 10 de junio, por salvaje que fuera, se ha convertido en el pretexto de esos señores para prohibir la protesta callejera, vieja aspiración de los organismos empresariales, que no ha tenido eco en el órgano legislativo.

Una y otra vez, las voces de los representantes de la iniciativa privada, que no tienen un sitio en las cámaras o en la misma ALDF, han lanzado amenazas para tratar de crear ambientes populares contrarios a las manifestaciones en la calles de la ciudad, y para amedrentar a los legisladores, pero en la Asamblea del DF, e incluso en la Cámara de Diputados, se tiene muy claro que parte del descontento tiene que ver con el abuso y la mediocridad de los empresarios, y nos referimos a los que de verdad dictan las acciones de los sindicatos patronales.

Saben, por ejemplo, que la ciudad de México, por ser sede de los poderes de la Nación, es donde se acumula la mayoría de las protestas. Es aquí donde se exige justicia, es en el Distrito Federal donde los que no encuentran formas para que se cumpla la ley, vienen a exigirla, y donde se pretende que sus habitantes se sensibilicen frente al cúmulo de desgracias que les aportan las trampas de la industria minera, los despojos que les acarrean las decisiones gubernamentales, y otras, otras muchas injusticias.

Por eso, lo que ocurrió el 10 de junio debe tomarse en cuenta, sin duda, por quienes abonan a la violencia, porque eso ha servido para que los que ahora amenazan a los diputados locales, los usen como instrumento para crear las prohibiciones que les demandan todas sus triquiñuelas, y así poder dormir tranquilos.

Y más, el acto que debería haber servido de reflexión para los militantes de la izquierda de la ciudad y del país quedó en silencio; lo acalló el escándalo. Los empresarios, la mayoría de ellos, tienen asegurados sus negocios, así que poco o nada pierden con los destrozos que se les causan, en ocasiones excepcionales, y condenan la protesta porque suponen que sólo ellos pueden levantar la voz para ejercer la crítica.

Hoy más que nunca los miembros de la Asamblea Legislativa de la ciudad de México deberán conducirse con la bandera más importante del DF: la de las libertades. Ponerlas en riesgo por los intereses de un grupo empresarial sería tanto como dinamitar la voluntad de la mayoría de los capitalinos, que buscan seguir viviendo en libertad.

De pasadita

La de ayer fue una tarde de locos. Fue la lluvia uno de los factores, y la poca intervención de la policía encargada del tránsito en la ciudad, otro de ellos, y tal vez, la hora. Después de las cinco de la tarde muchos oficinistas abandonan su lugar del trabajo, otros salen de sus citas en restaurantes, y muchos más siguen en las labores que les impone su actividad, pero lo cierto es que ayer hubo puntos en el DF que se convirtieron en nudos vehiculares, donde nadie pasaba, donde todos se atoraron.

Lo grave es que sí exsiten, y son muchos, los agentes de la policía que deberían evitar esas graves congestiones. No importa si hay lluvia, si la imprudencia o la prisa de quienes conducen los vehículos hacen más conflictiva la situación o si se dieron o no marchas en el centro de la ciudad. La policía tendría que ser la que resuelva esta problemática, y ayer no se le vio por ningún lado. ¿Mala suerte?

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