República Laica, coalición integrada por organizaciones civiles, políticos y expertos en defensa del Estado laico –entre ellos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– denunció que a poco más de seis meses de la actual administración 12 funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y dirigentes partidistas han violado impunemente la laicidad. Anunció que interpondrá quejas en su contra ante la Secretaría de Gobernación.

En la lista de quienes habrían incurrido en la transgresión a la Constitución y leyes en la materia citó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, por asistir a la misa de entronización de Francisco en el Vaticano.

Además, en el caso del segundo, por la campaña de desarme voluntario en la Basílica de Guadalupe y en la Catedral Metropolitana, acompañado por el cardenal Norberto Rivera Carrera.

También están los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, quien consagró el estado al Sagrado Corazón de Jesús; el de Veracruz, Javier Duarte, por participar de una ceremonia similar en su entidad y por asistir a una peregrinación en honor a la Virgen de Guadalupe en Nueva York; así como el del estado de México, Eruviel Ávila, por viajar al Vaticano a promocionar artesanos y asistir a la inauguración de la nueva sede episcopal en Tlalnepantla.

Asimismo se encuentran los presidentes municipales de Guadalupe, Juárez y Monterrey, Nuevo León, César Garza Villaseñor, Rodolfo Ambriz Oviedo y Margarita Arellanes, respectivamente. Esta última por conceder las llaves de la ciudad a Jesucristo en un acto público organizado por la Alianza de Pastores (evangélicos).

La diputada local priísta María de los Ángeles Moreno y Aidé García, de Católicas por el Derecho a Decidir, como parte de República Laica, anunciaron que en los próximos días se presentará una denuncia en contra de la alcaldesa ante Gobernación y preparan las correspondientes para el resto de los funcionarios y políticos que incurrieron en violación al Estado laico.

Rodolfo Echeverría, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que Gobernación es la autoridad competente para aplicar las sanciones correspondientes y aseguró que cuando se trate de servidores públicos del PRI, este partido debería aplicar sus estatutos y amonestarlos.

De igual manera se pronunció por que el Pacto por México emita un documento en el que se indique el respeto al Estado laico y que el Congreso expida una ley reglamentaria del artículo 40 constitucional.

En la conferencia se habló de impulsar cambios legales que permitan sancionar a los servidores públicos que incurran en este tipo de faltas.

Más tarde, en otro encuentro con la prensa, Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas, exigió respeto a los políticos.