En lugar de promover mayor estabilidad laboral y mejores salarios, la reforma laboral aprobada el año pasado sólo ofrece nuevas modalidades contractuales que dejarán sin recursos a quienes las ocupen y pierdan su empleo a corto plazo, indica un análisis de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre las limitaciones de la nueva legislación en México y el impacto económico, social y político que tendrá en el mercado de trabajo.

Se apostó a la flexibilidad laboral y mejorar la competitividad en México para generar más empleos y “se puede concluir que las prioridades de la situación laboral real no fueron consideradas suficientemente ni de la mejor manera en la reforma.

Mientras se sigan ofreciendo empleos precarios, de bajos salarios, y se mantengan altísimas tasas de rotación laboral, difícilmente se concretará la promesa de que los empleadores invertirán en capacitación y optarán por la innovación tecnológica y organizativa de las empresas para aumentar la productividad, sostiene.

Los argumentos de flexibilidad para lograr la reforma, indica, se basaron en el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, impulsados por el Consejo Coordinador Empresarial y la Confederación Patronal de la República Mexicana, pero no se tomaron los malos resultados de otras experiencias latinoamericanas que llevaron al Banco Interamericano de Desarrollo a cuestionar dicha apuesta.

Un primer ejercicio destinado a valorar los posibles efectos de la reforma indicaría que lo más probable es que no genera cambios significativos en la cantidad o calidad de los empleos que se generan ni tampoco en el incremento de la productividad o de las inversiones, sentencia el análisis de la Cepal, titulado Reforma laboral, desarrollo incluyente e igualdad en México y a cargo de Graciela Bensusán, consultora de la sede subregional del organismo en México.

Asevera que difícilmente ocurrirán los efectos positivos que se esperan de la reforma y prevé que los principales ganadores serán los abogados laboristas, los empleadores y los dirigentes sindicales aferrados al statu quo.

Advierte que se dejaron intactos los espacios tripartitas tradicionales (gobierno, patrones y sindicatos) de justicia laboral, dependiente del Poder Ejecutivo, como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las juntas de conciliación y arbitraje que han propiciado que el mercado de trabajo en México sea fuente de pobreza y desigualdad.

“Por lo anterior, dos cuestiones centrales para mejorar la situación de los trabajadores –el acceso a una justicia laboral independiente y oportuna y recibir un salario digno como lo exige el artículo 123 constitucional – quedaron completamente fuera del debate sobre los cambios necesarios en la institucionalidad laboral, satisfaciéndose de esta forma posiciones de los empleadores, defensores a ultranza del statu quo en ese terreno”.

El incremento de sanciones dependerá de la reorientación de la política laboral y de que se eleven los recursos para la fiscalización de la legalidad laboral, pero eso requiere abandonar la idea de que es mejor un empleo precario que el desempleo según la tesis adoptada por administraciones panistas y priístas.

Critica que el objetivo de la reforma fuera la flexibilización laboral cuando en los hechos ésta existe desde años atrás en el país y sostiene que las modalidades y reglas de contratación que se aprobaron podrían llegar a complicar su utilización por los empleadores y crear la oportunidad de un sinnúmero de conflictos individuales de trabajo.

Además señala que la competitividad, uno de los principales argumentos usados por las cúpulas empresariales,no se podrá lograr con la reforma debido a las “fallas de la estrategia mexicana de desarrollo o efectos de la inseguridad que afectan la capacidad de atraer inversiones.