Nueva York, 13 de junio.

La libertad depende de un estado de vigilancia secreto, fue la esencia del mensaje oficial hoy cuando el director de la FBI y su contraparte de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) aseguraron que la recaudación de todos los registros de llamadas telefónicas, así como el acceso al contenido de miles de millones de comunicaciones cibernéticas, son vitales para defender este país de la amenaza terrorista, y que la divulgación pública de estos programas secretos –justo hace una semana– ha causado daño a la seguridad de los estadunidenses.

Robert Mueller, director de la FBI, declaró hoy ante el Congreso que la filtración de información sobre programas de vigilancia masivos divulgados la semana pasada ha causado un daño significativo a nuestro país y nuestra seguridad. Insistió en que los programas son legales, supervisados por los poderes Judicial y Legislativo, y conducidos acorde con la Constitución y las leyes federales.

Indicó que estos programas son vitales para la protección del país, y sugirió que si hubieran existido antes, podrían haber evitado el 11 de septiembre de 2001, y que incluso podrían evitar otro Boston, en referencia a los atentados recientes en el maratón de esa ciudad.

Confirmó que la FBI lleva a cabo una investigación criminal para proceder contra Edward Snowden, quien filtró la información sobre los programas secretos de la NSA y asumió la responsabilidad de su proceder.

Mueller repudió demandas, tanto de legisladores, defensores de libertades civiles y hasta de las empresas de tecnología, por revelar más información sobre las dimensiones y procesos de estos programas, ya que la prioridad es proteger al país y la protección de esa información es lo que permite detener atentados y operaciones terroristas. De hecho, indicó que con cada filtración los adversarios de la nación buscan maneras de evadir el espionaje, y si perdemos nuestra capacidad de obtener sus comunicaciones quedaremos excepcionalmente vulnerables.

Por su parte, el general Keith Alexander, director de la NSA, informó hoy que divulgará más información sobre los dos programas secretos masivos que recaudan datos sobre las comunicaciones telefónicas y cibernéticas de millones de personas en este país y en el extranjero. Pero aunque dijo que están comprometidos con ser tan transparentes como sea posible, enfatizó que se tenía que buscar el equilibrio entre el derecho del público a saber acerca de estos programas con consideraciones de seguridad nacional. Creo que es importante que tengan esa información, pero no queremos arriesgar vidas estadunidenses al hacer eso. Entonces, lo que estamos haciendo es muy deliberado para que no acabemos causando un ataque terrorista por divulgar demasiada información.

Indicó que con la información que se presentará, la opinión pública se dará cuenta de que está desinformada si cree que el gobierno está escuchando cada llamada telefónica, entre otras cosas.

En audiencias públicas y sesiones cerradas con legisladores de ambos partidos, Mueller y Alexander, con otros altos funcionarios, continuaron la batalla para controlar el debate sobre las revelaciones del ex empleado de la NSA, Snowden, publicadas por The Guardian y el Washington Post la semana pasada.

Algunos legisladores continuaron apoyando la línea oficial de que estos programas han sido efectivos para prevenir atentados y complots terroristas, pero otros siguen cuestionando sus dimensiones y su legalidad. Hoy, estos altos funcionarios mantuvieron una sesión a puerta cerrada con casi la mitad de los legisladores del Senado, después de haber hecho lo mismo con representantes hace un par de días. No obstante, muchos siguen señalando una falta de información y múltiples discrepancias entre las versiones oficiales sobre estos programas.

Más aún, dos senadores –Ron Wyden y Mark Udall– emitieron hoy un comunicado en el que cuestionan las afirmaciones del general Alexander de que estos programas de vigilancia habían prevenido decenas de actos terroristas, considerando que aún no hemos visto ninguna evidencia que demuestre eso.

A la vez, mientras los altos funcionarios, como lo repitió hoy Mueller, argumentan que el programa secreto recauda sólo los registros de llamadas telefónicas (el hecho de marcar, la duración, y a qué número se comunicaron), y no el contenido de éstas, y por lo tanto no son invasivas de la privacidad –o sea, que sólo generan lo que llaman meta-datos– expertos disputan esta aseveración.

Jane Mayer, de The New Yorker, entrevistó a Susan Landau, matemática y ex ingeniera de una empresa de comunicación cibernética, quien le informó que los meta-datos son mucho más intrusivos que el contenido, y explicó que el gobierno puede obtener información privada inmensa al examinar a quién llamas, y a quién llaman ellos, si puedes rastrear eso, puedes saber exactamente qué está ocurriendo, no necesitas el contenido. Agregó que eso puede incluso revelar información política delicada, por ejemplo, reuniones de líderes de oposición, quién participa, dónde se reúnen y por cuánto tiempo, como también puede revelar relaciones románticas íntimas, sólo rastreando las ubicaciones de teléfonos celulares en las noches.

Ecos en juicio de Manning

Estos argumentos de los funcionarios encargados de inteligencia y vigilancia de que toda revelación de información oficial secreta, aun cuando revela posibles violaciones o abusos, ayuda al enemigo, se expresaron en otro foro cerca de Washington hoy: en la corte marcial de Bradley Manning en el Fuerte Meade que ya está en su segunda semana.

El famoso video de un ataque contra civiles desde un helicóptero estadunidense Apache filtrado (entre cientos de miles de otros documentos clasificados) por Manning a Wikileaks, reveló información que podría ayudar a enemigos de Estados Unidos, sostuvo un experto en helicópteros del Pentágono, en una declaración contra el acusado. Enemigos pueden anticipar operaciones de Estados Unidos y planear ataques más efectivos como resultado de la información sobre cómo opera este tipo de helicóptero, dijo el oficial Jon LaRue. El ataque mató, entre otros, a un fotógrafo de la agencia Reuters y su chofer y algunos críticos lo señalan como evidencia de crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadunidenses contra civiles. Los fiscales militares buscan condenar a Manning por 21 cargos, incluido ayudar al enemigo.