Hace poco más de un año, marzo de 2012, las dos grandes pandillas que se originaron en El Salvador, pero que se han extendido por todo Centroamérica, emitieron un insólito comunicado conjunto, anunciando un acuerdo común para aplicar una tregua entre las organizaciones rivales y cancelar toda acción, que incluye los atentados EN contra de los militares, los policías y los custodios. Firmaban la Mara Salvatrucha (MS 13) y el Barrio 18 (B 18).

Estadísticamente, esta tregua representa un éxito indudable. La tasa de homicidios relacionados con las maras cayó en un año de 14 asesinatos diarios a cinco. Los secuestros bajaron 50 por ciento. Observadores y analistas no dejan de sorprenderse de que, 12 meses después, la tregua persista, aun con altibajos. Aunque con resultados mixtos, se asegura, ya que la extorsión, principal fuente de financiamiento de estas bandas delincuenciales, apenas se redujo en 10 por ciento.

Otras críticas apuntan hacia la falta de transparencia con la que se negociaron los términos del acuerdo, y hacia algunos efectos colaterales, como la de la consolidación de otras organizaciones criminales que han aprovechado conquistando territorios. O de la permisividad que deja suelta la rienda para que barrios, ciudades y penales enteros vivan bajo el gobierno de los propios jefes de las pandillas, sin más ley que la suya.

El intrincado proceso de conversaciones y consultas extremadamente reservadas, que condujeron durante años el obispo castrense Fabio Colindres y Raúl Mijango, ex guerrillero del FMLN y ex asesor de seguridad en el gobierno del presidente Mauricio Funes, dieron como resultado que las dos pandillas juveniles más letales del continente declararan en aquel texto: Pedimos que se nos permita contribuir a la pacificación de El Salvador y emprender un camino de reconversión.

Entre las dos pandillas suman entre 30 mil integrantes activos, según cálculos más conservadores, hasta 100 mil, por la cifra de las propias pandillas. En su mensaje se llamaban a sí mismos como hijos de una guerra que nos hemos visto obligados a librar por causas sociales, de exclusión, marginación, represión y sobrevivencia.

Y se describían como quienes jugamos con la vida, principalmente la nuestra, porque no tenemos nada que perder.

Según la ONG estadunidense WOLA, la tregua ha sido un proceso de oportunidades y riesgos que Funes asumió, aunque públicamente lo niegue. Pero para que la distensión y la reducción de índices de homicidios se consolide, advierte el análisis, debe traducirse en nuevos pasos, más firmes, para construir una vía de reinserción de estos miles de delincuentes juveniles, y algunos ya no tan juveniles.