La reforma a ordenamientos en materia penal que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Comisión Permanente el pasado miércoles incluye una modificación pendiente desde hace seis años, a fin de no considerar como actos terroristas las manifestaciones, plantones y otras formas de protesta social.

El 26 de abril de 2007, el Senado aprobó, con el aval de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), una reforma del entonces presidente Felipe Calderón encaminada a sancionar el terrorismo, que incluía una modificación al artículo 139 del Código Penal Federal, que posibilitaba que los dirigentes sociales fueran considerados terroristas.

La iniciativa había sido aprobada ya en la Cámara de Diputados y el PRI quería que ese paquete antiterrorista se votara en sus términos en el Senado, pese a la negativa de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano), cuyos legisladores proponían modificarlo.

Diez años de cárcel

En nombre del PRD, el entonces senador Pablo Gómez se manifestó en contra de establecer en ese artículo 139 que se considerara una acción terrorista la realizada con el fin de presionar a la autoridad a que tome una determinación, porque ahí se podían englobar las protestas sociales.

Hizo notar que tal disposición no iba encaminada contra terroristas, sino en realidad a toda persona que por cualquier medio violento quisiera tratar de obligar a una autoridad a resolver alguna demanda. Bloquear una carretera convertiría a quien lo hiciera en terrorista e iría a la cárcel más de 10 años.

Fue un largo debate y al final, en nombre del PRI, el entonces senador Fernando Castro Trenti, hoy candidato a gobernador de Baja California, reconoció que la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal deja un mal sabor de boca y una preocupación a todos, especialmente a los luchadores sociales, pero dijo que era urgente aprobar en su conjunto la minuta.

Se comprometió a que el PRI impulsaría de inmediato otra reforma para reparar el error del artículo 139 e impedir el uso discrecional de la ley contra las protestas sociales. Sin embargo, cuatro años después concluyó la legislatura sin que el cambio se hubiera formulado.

En la reciente iniciativa del presidente Peña, cuyo objetivo es endurecer las penas en caso de actividades terroristas y de lavado de dinero, se pretende hacer la corrección, aunque senadores como el perredista Alejandro Encinas, consideran que la propuesta deja abierta de todas formas la posibilidad de tipificar las manifestaciones y otras protestas dentro de actividades terroristas.

Bienes jurídicos de las personas

En la exposición de motivos de esa reforma al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley Federal de Extinción de Dominio, el Ejecutivo destaca la adición al artículo 139 para señalar de manera expresa que las manifestaciones que realicen grupos sociales en el ejercicio de sus derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional con el fin de presionar a la autoridad para que tome una determinación, sin atentar contra bienes jurídicos de las personas, no se considerarán terrorismo.

Aunque la Comisión Permanente turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa, se ha comenzado a analizar también en el Senado –que será cámara revisora–, ya que preocupa tal condicionamiento, así como el establecer en el Código Penal que las agresiones contra integrantes de agencias extranjeras que operan en México se considerarán como terrorismo, con una penalidad de hasta 40 años.