Saltillo, Coahuila, 7 de junio.

Las familias de los desaparecidos –cuya cifra aún no es precisa, pero supera los 20 mil, según estimaciones oficiales– hemos retirado la confianza a la autoridad y ésta tiene que hacer un esfuerzo claro y concreto para restituirla.

Después de esta advertencia, que aparece en la declaración final del Foro Internacional sobre Desapariciones Forzadas que concluyó hoy aquí, se espera que el gobierno de Enrique Peña Nieto se atreva a verse en ese espejo, aunque no le guste el reflejo de la realidad, explicó el organizador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (Fundec), Juan López Villanueva.

El foro elaboró una serie de propuestas para la administración federal y las legislaturas, entre las que destaca la demanda de que el gobierno reconozca el estado de emergencia humanitaria y el carácter urgente de la localización de las víctimas.

Propone también que la recién creada Unidad Especializada de Búsqueda tenga competencias claras y recursos, así como personal suficiente, que la Procuraduría General de la República (PGR) y las procuradurías estatales firmen convenios de acceso rápido con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, servicios médicos forenses y otras entidades, además del acceso de las familias a los expedientes y diligencias.

Instan que así como se debe atender y visibilizar el problema de los migrantes desaparecidos, se haga lo mismo con los policías en esa situación por motivo de sus funciones.

Derecho a la verdad

Un centenar de familiares que perdieron el rastro de uno o varios de sus parientes elaboraron en su propia mesa de trabajo un documento que fue punto de partida para muchos de los debates posteriores.

Este empieza así: Como familiares de víctimas de desaparición forzada partimos de la desconfianza a las autoridades. Y exigen al gobierno: Para confiar, lo que necesitamos es ver garantizado el derecho a la verdad, encontrar a nuestros familiares y que se haga justicia en todos los casos.

Después de definir la actual crisis humanitaria como multifactorial, la declaración del foro sostiene: Los perpetradores actúan sin distingo de competencias ni jurisdicciones, trasladan rápidamente y a grandes distancias a las víctimas, tienen equipos de acción inmediata para desaparecer. Frente a lo cual, el Estado no se mueve y su desempeño se reduce a una atención mínima y deficiente.

En otro punto, reafirmaron su disposición a colaborar con las autoridades y recordaron que ellos, a lo largo de los años, investigaron por cuenta propia, labor que debe ser considerada fundamental para continuar en los procesos de búsqueda e investigación.

Entre los funcionarios que trabajaron en las mesas estuvo el subprocurador de derechos humanos, Ricardo García Cervantes, y su coordinadora de políticas públicas, Eliana García; el subsecretario de Asuntos Jurídicos de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez; el secretario de Gobierno de Coahuila, Armando Luna, y Juan Jesús Yáñez Arreola, subprocurador estatal para la búsqueda de personas no localizadas (de nueva creación), todos con numerosos colaboradores que llevaban grandes paquetes de documentos y expedientes.

El resultado fue satisfactorio, a decir de María Dolores González Saravia, de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz), ya que se logró que algunas de las propuestas quedaran como compromisos para políticas públicas integrales.

La zona oscura

Durante tres días, trabajaron juntos en plenarias y mesas de trabajo funcionarios federales de alto nivel, expertos sobre este problema de instancias nacionales e internacionales y familiares, intentando entender mejor el fenómeno de las desapariciones que explotó en todo el país, principalmente en el norte, sobre todo a partir del sexenio de Felipe Calderón.

La mecánica adoptada, indicó López Villanueva, permitió un intercambio libre para analizar sin filtros el momento que se está viviendo. Fue como juntar todos los elementos en una pizarra para ver el mapa de la impunidad, ya que el delito de desaparición forzada está diseñado específicamente para perpetuar la impunidad.

La experiencia fue inédita, ya que el foro fue financiado por el Estado, lo cual lo compromete, fue convocado por la academia y reunió a los expertos en el tema más destacados: ONU, Comité Internacional de la Cruz Roja, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En cuatro mesas de trabajo –de búsqueda efectiva, investigación científica, armonización legal y atención integral de las víctimas– se buscó mirar al fondo, a la raíz, no sólo a las hojas y al tronco, para entender cómo funciona la maquinaria de la desaparición, añadió López. Pero también identificar al perpetrador y a las autoridades responsables por colusión o bien por ser omisas o renuentes en la búsqueda.

Este tema de la colusión es como la gran área vedada, la que está justo en la raíz de este delito masificado, dijo el organizador de Fundec, agrupación que se fundó hace siete años con 20 casos de desapariciones.

Describe un proceso que aparece como patrón: Primero pasa por la fase dolorosa en la que topa con una autoridad que no lo protege. Luego va comprendiendo que el Estado es el agresor, que o bien está copado por la delincuencia organizada o, peor, coordina su acción. Esta es una faceta muy dura, pero tiene que nombrarse, salir a la luz.

Participaron también: Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Cadhac de Monterrey, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de Chihuahua, Afadem, Fundación para la Justicia de Centroamérica, Victoria 10 de Guanajuato, Hasta Encontrarlos de Michoacán, de Red de Madres que buscan a sus hijos del estado de México, HIJOS y Eureka, así como el Comité Juan de Larios, coahuilense.