El gobierno federal está investigando a fondo para definir la supuesta participación de más de 2 mil servidores públicos en actos de desaparición forzada, indicó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a propósito de la denuncia realizada el pasado miércoles en ese sentido por el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva.

‘‘No tenemos nada que ocultar. Lo estamos afrontando, incluso, dando cifras, trabajando con los gobernadores, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en los casos que se nos han señalado’’, enfatizó Osorio tras la firma de un convenio general de colaboración entre la secretaría a su cargo y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Con respecto a la creación de la gendarmería nacional, el titular de Gobernación señaló que en estos días dialogará con representantes de diversas organizaciones civiles para tomar en cuenta sus puntos de vista sobre el tema y posteriormente anunciará de forma oficial la presentación de dicho cuerpo.

Por su parte, Plascencia Villanueva confirmó que, de acuerdo con las investigaciones de la CNDH, hay 2 mil 443 expedientes de funcionarios que podrían estar involucrados en casos de desapariciones forzadas, por lo que ya trabaja en colaboración con las procuradurías locales y la general de la República (PGR), y anunció que en unos meses dará a conocer su resolución sobre el tema.

Al preguntársele sobre si estos casos comprueban el involucramiento de servidores públicos en ese delito de lesa humanidad –como advirtió Amnistía Internacional (AI) en un informe reciente–, Plascencia únicamente refirió que hay 30 casos en donde quedó ‘‘plenamente establecido’’ ese vínculo, sin que hasta el momento ningún responsable haya sido debidamente castigado.

Uno de los casos citados por el ombudsman en donde se logró comprobar la participación de funcionarios gubernamentales en desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales fue el de Jethro Ramsés Sánchez Santana, quien el primero de mayo de 2011 fue detenido por elementos de la Policía Federal en Cuernavaca y posteriormente entregado a soldados de la 24 Zona Militar, quienes lo torturaron y asesinaron, para después tratar de deshacerse del cadáver.

Otro ejemplo es el de los primos José Ángel, Nitza Paola y Rocío Alvarado, detenidos por elementos castrenses en el municipio chihuahuense de Buenaventura, en diciembre de 2009, y de quienes no se ha vuelto a saber nada desde entonces.

Plascencia Villanueva informó que la primera visitaduría de la CNDH y su unidad especial sobre personas desaparecidas están trabajando en estos casos.