Aunque el actual gobierno de México ha dado algunos pasos positivos en el reconocimiento del problema de la desaparición forzada, dichas acciones siguen siendo insuficientes y todavía no se admite la importancia de la participación de muchos servidores públicos en el fenómeno, lo cual ha obligado a los propios familiares de las víctimas a investigar por su cuenta y poner en riesgo su vida.

Lo anterior forma parte de las conclusiones del informe Enfrentarse a una pesadilla. La desaparición de personas en México, elaborado por Amnistía Internacional (AI), donde se pone en evidencia el ‘‘fracaso sistemático’’ de las autoridades de los tres niveles de gobierno por tomar con seriedad las denuncias al respecto, contribuyendo así a aumentar la impunidad.

En el documento de 16 páginas, el colectivo con sede en Londres señala que a pesar del ‘‘número escalofriante’’ de 26 mil 121 personas ‘‘ausentes o no localizadas’’, que dio a conocer recientemente la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno no ha tomado las acciones necesarias para determinar el paradero de las víctimas y castigar a los autores de los ataques.

Aunque AI admite que la mencionada lista constituye un ‘‘primer esfuerzo importante’’ para recopilar la información sobre los desaparecidos, advierte que dicho registro tiene ‘‘serias deficiencias’’, como no diferenciar el motivo por el cual los sujetos no aparecen, no eliminar a quienes ya fueron encontrados y al mismo tiempo excluir muchos otros casos documentados por colectivos independientes.

Ante las ‘‘deplorables’’ fallas de las instituciones mexicanas, subraya AI, ‘‘la determinación de las familias de descubrir lo que les ha sucedido verdaderamente a sus seres queridos ha empezado a generar cambios’’, a pesar de las dificultades económicas, las amenazas y el hostigamiento.

Luego de dar un panorama histórico del problema, la organización indica en el informe que ha documentado 152 casos de desaparición, en 85 de los cuales ‘‘hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos [...] y falta de diligencia debida por parte de las autoridades para localizar a la víctima’’.

Entre los casos mencionados en el documento figuran, entre otros, el del niño Brandon Acosta Herrera, quien fue secuestrado junto con su padre y dos tíos a las afueras de Saltillo, Coahuila, en agosto de 2009; el de Guadalupe Torres Rivera, desaparecida en Apodaca, Nuevo León, en febrero de 2010, y el de Ricardo Peña Mejía y otros ocho ingenieros en telefonía, secuestrados en junio de 2009 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo con la investigación de Amnistía Internacional, la mayoría de las desapariciones han ocurrido en los estados donde hay mayor presencia de las fuerzas de seguridad, como Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, Michoacán y Guerrero. Muchas de las víctimas y sus familiares han sido criminalizadas y hostigadas, y no tienen un marco jurídico que las respalde, lo que ha provocado que desde 2006 sólo haya dos sentencias condenatorias por este delito.

Sin embargo, a pesar de la gravedad del tema, ‘‘el gobierno todavía no ha reconocido el grado de implicación de funcionarios públicos en desapariciones forzadas y prefiere referirse únicamente a desapariciones o secuestros cuya responsabilidad se imputa a bandas criminales’’, denuncia el informe.

Por lo anterior, AI presenta una serie de recomendaciones al gobierno federal, entre ellas, tipificar el delito de desaparición forzada en todos los estados, de acuerdo con estándares internacionales; diseñar políticas públicas tomando en cuenta la opinión de los familiares de las víctimas; crear una base de datos confiable sobre el tema, y definir protocolos de búsqueda inmediata y efectiva.

Luego del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, el investigador especial de AI sobre México, Rupert Knox, advirtió que si dentro de un año no hay evidencias de que el gobierno actual se propone resolver los casos de desapariciones, el escepticismo volverá a apoderarse de los familiares. ‘‘Actualmente lo que tenemos son promesas, pero se tienen que concretar rápidamente en un cambio’’, enfatizó.

En el mismo sentido, Knox advirtió que las condiciones de violencia en el país no han cambiado sustancialmente del sexenio anterior al actual.