principios de la semana pasada el gobierno turco reprimió con inusitada violencia una pequeña manifestación en contra de la destrucción del céntrico parque Gezi, en Estambul, en el contexto de un proyecto empresarial y gubernamental para construir un centro comercial y reconstruir un cuartel que existió hace décadas en ese sitio. El abuso de fuerza policial dio un nuevo motivo a las cada vez más amplias protestas que se han sucedido a diario, hasta ayer, y que han dado cauce a los numerosos descontentos soterrados bajo una modernización autoritaria y privatizadora. En unos días, las manifestaciones se propagaron a las ciudades de Ankara –sede de los poderes políticos– e Izmir.

En este terreno, la respuesta represiva de las autoridades a las protestas pacíficas por los proyectos de remodelación de Estambul –que incluyen, además de la destrucción del parque mencionado, la construcción de un nuevo puente sobre el Bósforo, que afectaría también algunas áreas verdes– dejaron ver que, bajo la fachada de una democracia formal, el Estado mantiene los rasgos autoritarios y antidemocráticos de las pasadas dictaduras militares auspiciadas por Washington que se sucedieron desde los años 60 del siglo pasado hasta los 90.

Con o sin militares en el poder, el régimen turco es tristemente célebre por su expediente en materia de violaciones a los derechos humanos –particularmente, desde el genocidio de los armenios, como en la represión a los independentistas kurdos– y por la manera poco participativa en que adopta sus decisiones. En tiempos recientes, el gobierno que encabeza el primer ministro Recep Tayyip Erdogan, quien empezó su administración con pretensiones de modernizador, ha adoptado disposiciones regresivas en materia de derechos reproductivos y de libertades individuales.

A lo anterior se suma un malestar aún difuso ante una prosperidad basada en parte en la agresiva privatización de la propiedad pública, espacios urbanos incluidos, y hasta por las acciones pro occidentales del gobierno ante la guerra civil en Siria, actitudes que son vistas por algunos sectores como una traición.

Lejos de desactivar los variopintos motivos del descontento, el gobierno de Erdogan ha hecho alarde de arbitrariedad y de determinación represiva. El primer ministro acusó a la oposición de buscar la desestabilización y llegó incluso a decir que el problema es Twitter, en referencia a que los manifestantes recurren a esa red social para organizar sus actos. En tanto, las cargas policiales han causado decenas de heridos graves y las autoridades han intentado bloquear las señales de telefonía celular y de Internet inalámbrica en los principales escenarios de las protestas. En esa actitud el régimen ha contado con la complicidad de los principales medios, los cuales han minimizado en forma sistemática el calado de las protestas.

En suma, las revueltas turcas del momento son, marcando las distancias, un claro ejemplo de la arrogancia y la insensibilidad gubernamentales a las que se refirió Riszard Kapuscinski en su libro El Sha o la desmesura del poder y que un día rebasan la paciencia de la población y se convierten en factor de estallidos sociales. No pocos gobernantes deberían verse en el espejo de Turquía.