Madrid, 3 de junio.

El hambre y la pobreza se han extendido sin piedad entre los niños españoles. En Andalucía, la región con mayor desempleo y desigualdad en el país, se puso en marcha un plan para atajar un fenómeno que amenaza con llevar a la exclusión a buena parte de la sociedad, el cual consistirá en dar desayuno o merienda a alrededor de 50 mil menores en los próximos meses.

Este programa llegará a 5 por ciento de la población infantil andaluza, gracias a un decreto del gobierno de coalición del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Unida (IU), en el que se declaró obligatorio que todos los niños coman tres veces al día. El almuerzo consistirá en una torta de chorizo, un jugo de frutas, galletas, mantequilla y una manzana.

Como en los peores años de la posguerra o de la gran depresión de principios del siglo XX, España vive una pesadilla que no da tregua y que enfrenta a la población con el pasado, cuando la gente se alimentaba de pan, chorizo y vino. Es la peor cara de la crisis que afecta a este país desde hace cinco años y que ha multiplicado el desempleo: 27.1 por ciento, es decir, casi seis millones de personas; la pobreza, que afecta ya a 25 por ciento de la población, y la desnutrición infantil con dos de cada cinco niños mal nutridos.

Los últimos informes, tanto públicos como de organizaciones internacionales, confirman que la crisis y sus efectos devastadores han provocado un enorme incremento en la desnutrición infantil. En el conjunto del país más de 28 por ciento de los niños no se alimentan como aconseja la Organización de Naciones Unidas, mientras en la región de Andalucía la cifra alcanza 35 por ciento.

Este panorama fue el detonante para que el pasado abril, en un gesto insólito de los gobiernos autonómicos de España, la Junta de Andalucía, por medio de la Consejería de Igualdad, aprobara un decreto de lucha contra la exclusión social, en el que se desarrolla una línea de trabajo alimentaria que se enfoca en la desnutrición infantil, al garantizar, por ley, que todos los niños de la región coman tres veces al día, y deja un margen legal al gobierno para dotar los recursos que hagan posible dar de comer a los niños más pobres y con más desnutrición (5 por ciento).

El plan tiene un presupuesto de 16 millones de euros y se apoyará también en las ONG que trabajan en la región para hacer más eficiente el reparto, así como de los centros escolares, donde también se distribuirán los paquetes de alimentos. La consejera de Igualdad, Susana Díaz, explicó en su día que este plan de trabajo pretendía poner rostro a la crisis a través de nuestros menores, que son los más vulnerables en un momento de mucha debilidad y de una crisis brutal como la que estamos viviendo. Hay que reconocer que casi seis de cada cien infantes en Andalucía están situación de pobreza extrema, algo ante lo que hay que ser contundentes, porque estamos influyendo en el desarrollo y el futuro de los niños.

El programa pretende, en su primera fase, repartir estos paquetes de alimentos a 11 mil escolares, pero la idea es que poco a poco se amplíe la red para llegar hasta 50 mil niños andaluces que necesitan de esta protección del Estado y que viven sobre todo en zonas marginales de las grandes ciudades de la comunidad: Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga.

María Jesús Montero, consejera de Salud y Bienestar Social, que procede de IU, advirtió que cuando finalice el curso escolar el próximo 24 de junio, el reparto de los paquetes de alimentos se realizará en los barrios con ayuda de voluntarios de la Cruz Roja y Cáritas. Explicó que el plan viene a paliar una situación de pobreza, pero no se pueden distraer las soluciones, que pasan por luchar contra el desempleo mediante la inversión.

Cabe recordar que Andalucía es la región con la peor tasa de desempleo: 36.87 por ciento de la población económicamente activa, lo que representa un millón 400 mil personas. Además, con los severos recortes aprobados por el gobierno del conservador Mariano Rajoy, se han suprimido numerosos planes de ayuda pública, se han congelado las pensiones, se han recortado los recursos para salud y educación –incluidas becas infantiles– y se ha contraído aún más la economía local con los incrementos fiscales y del IVA.

El plan de exclusión social de Andalucía también pretende llegar hasta los adultos mayores, sobre todo a las personas que no puedan desplazarse a los centros de salud para recibir tratamiento o algún tipo de ayuda en alimentos.

La situación de emergencia en la que vive parte de la sociedad andaluza fue el detonante para adoptar esta medida, según el presidente de la región, Juan Antonio Griñán. Sin embargo, el conservador Partido Popular (PP) criticó el plan alimentario por populista y aseguró que esto no es política social, sino un plan para sacar rédito electoral.