San Luis Potosí, SLP, 3 de junio.

Manuel Barrera Guillén, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) estatal, aseguró que no prosperó la declaratoria de área natural protegida emitida para el municipio de Real de Catorce al término del mandato del ex presidente Felipe Calderón.

Informó que el caso está detenido pues la mayoría de actores involucrados promovieron amparos en desacuerdo con la declaratoria, realizada unos meses antes de concluir la administración federal panista.

Agregó que la principal razón por la que procedieron los amparos fue porque el gobierno federal actuó sin consultar a los ejidatarios y pobladores de la zona declarada protegida –unas 150 mil hectáreas– para prohibir la explotación de recursos minerales.

Según Barrera Guillén, lo que sigue vigente es un decreto estatal de área natural protegida de la zona sagrada de Wirikuta, que abarca 140 mil hectáreas, emitido el 27 de octubre de 2000.

Francisco Cayetano Carrillo, secretario de la Unión Wixárika de Jalisco, Durango y Nayarit, dijo que esta agrupación insiste en cancelar las concesiones de explotaciones mineras en la zona sagrada de Wirikuta, localizada en el municipio de Real de Catorce.

Cayetano Carrillo señaló que el pasado 1º de marzo autoridades del Consejo Regional Wixárika interpusieron un recurso ante la Secretaría de Economía, para exigir cancelar siete concesiones mineras en las que de forma ilegal se realizan trabajos de exploración como parte del Proyecto Universo, que abarca a todo el bajío del territorio sagrado ceremonial de Wirikuta, y ‘ pone en riesgo varios altares donde el pueblo Wixárika acampa, reza, vela y realiza ceremonias.

Esas siete concesiones están en poder de la empresa canadiense Revolution Resources, inversionista de concesionarios nacionales de los lotes mineros denominados San Martín, La Presa 6, OH-3, OH-2, La Guadalupana y Ampliación Universo.

El Consejo Regional Wixárika y el Frente de Defensa Wirikuta aseguraron que en esos lugares se efectúan trabajos de exploración –barrenaciones, socavones y zanjones– sin permisos de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. Destacaron que en un reporte dirigido a sus accionistas, Revolution Resources propuso la perforación de 52 puntos, de los cuales 16 se encuentran en Wirikuta.

Indicaron que la ley minera federal determina que las concesiones y las asignaciones mineras se cancelarán por realizar obras de explotación en áreas naturales protegidas, sin permiso de las autoridades que tengan a su cargo los referidos bienes.

El consejo determinó solicitar a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones en las que se ha documentado actividades sin las autorizaciones correspondientes, pues hay evidencias de que la empresa First Majestic Silver y su filial mexicana Minera Real Bonanza buscan poner en operación una una mina, como consta en el exhorto 056/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.