La policía estatal de Chiapas aprehendió el pasado fin de semana a cinco integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), que se suman a los 12 miembros de ese mismo colectivo que había arrestado el 23 de mayo –aunque seis ya fueron liberados–, luego de desalojarlos de un plantón en el centro de San Cristóbal de las Casas, en una nueva escalada de represión en contra de los grupos que han denunciado el paramilitarismo, señaló Roberto Mendoza, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).

En total, indicó el activista a La Jornada, hay 10 militantes de la OCEZ actualmente presos y sin que se conozca de qué los acusan o cuál es el estado del proceso judicial que se les sigue.

En días pasados fueron detenidos cinco compañeros a la salida de la comunidad Venustiano Carranza (cabecera del municipio del mismo nombre) cuando salían en camionetas del transporte público hacia San Cristóbal. La policía los bajó en un retén sin decirles de qué los acusaban, nada más se los llevaron directo al penal de El Amate, denunció.

Escalada de represión

Los detenidos fueron Catarina Gómez Martínez, Juan Manuel Vázquez Mendoza, José del Carmen Mendoza Espinoza, Víctor Manuel Argüello Martínez y José Manuel Vázquez Ramírez, aunque este último fue liberado bajo fianza.

De los demás compañeros presos, que son 10 en total, no sabemos mucho. Quienes los han visitado dicen que tienen signos de tortura, pero no lo hemos podido documentar, indicó Mendoza, quien calificó las recientes detenciones como parte de una escalada de represión en contra de la OCEZ y otros colectivos que forman parte del FNLS, por atreverse a denunciar la existencia de bandas paramilitares.

En todo esto hay complicidad del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, quien mantiene a los grupos armados. Ya presentamos una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque los actos de violencia se han repetido en Michoacán y otras entidades, subrayó.

José Gómez, habitante de Venustiano Carranza, aseguró que los paramilitares están bajo el mando del cacique local Jesús Alejo Orantes, quien pretende despojar a los campesinos de 50 mil hectáreas de tierra, para sumarlas a las 24 mil de las que ya es propietario.