Las autoridades de México no han cumplido una sola de las 72 recomendaciones formuladas por el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, pues en lugar de transformar las condiciones que permiten la comisión del delito, se han dedicado a encubrir a los perpetradores y a matizar herramientas como el arraigo, señalaron organizaciones especializadas en el tema.

Andrea Meraz, representante de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), subrayó en conferencia de prensa que, aunque ha habido iniciativas o acciones parciales contra dicho crimen de lesa humanidad, el Estado mexicano no ha cumplido en toda su extensión ninguna de las observaciones emitidas por los expertos de Naciones Unidas que visitaron el país en noviembre de 2012.

Estándares internacionales

Una de las recomendaciones podría cumplirse, dijo, si el Congreso del estado de Guerrero aprueba el 15 de junio una iniciativa para tipificar la tortura como un delito, de acuerdo con estándares internacionales, pero eso todavía no ha ocurrido.

De igual forma, Naciones Unidas llamó a las autoridades del país a eliminar totalmente la figura del arraigo, por considerar que facilita las condiciones para la tortura, pero en vez de atender dicha petición, el gobierno sólo propuso reducir el plazo máximo de detención de 80 a 35 días.

Luego de visitar Guerrero, Chihuahua y el Distrito Federal, los expertos comprobaron que México tampoco ha cumplido los puntos relacionados con la falta de investigación y sanción contra los perpetradores de tortura, ya que en muchas ocasiones los jueces no toman en cuenta las denuncias de las víctimas o no aceptan los resultados del Protocolo de Estambul –herramienta legal para definir si alguien fue sometido a malos tratos– si éste fue practicado por organizaciones independientes.

Anne Boucher, encargada para América Latina del colectivo francés Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), apuntó que los miles de casos de desaparición forzada que ocurren en México también significan un acto de tortura, tanto para las víctimas como para sus familiares.

A propósito de ese tema, la activista consideró que la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas puede representar una mejoría institucional, pero todavía está por verse si dicha instancia podrá realizar investigaciones prontas, eficaces y diligentes.

Stephanie Brewer, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, enfatizó por su parte que la tortura no sólo afecta a los sujetos que la padecieron y a sus familias, sino a toda la sociedad, y lamentó que en México siga dominando una cultura de la impunidad.

El gobierno mexicano deberá presentar un informe en noviembre de este año para explicar su nivel de cumplimiento de las recomendaciones y se prevé que los colectivos pendientes del tema den a conocer al mismo tiempo un balance alternativo.