uestra sociedad experimenta una contradicción en la relación con sus niñas, niños y adolescentes. Según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2012), al menos siete de cada 10 personas no justifican pegarle a un niño o a una niña para que obedezca. Sin embargo, más de 95 por ciento de la población cree que es una práctica que se realiza algo, poco o mucho. El castigo con fines disciplinarios encuentra entonces justificación social y garantía de impunidad por parte de las autoridades, ya que es poco probable la actuación del Ministerio Público frente a la violencia contra la niñez. El Estado generalmente es omiso en su responsabilidad de garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, pues resulta más sencillo pensar que son problemas domésticos y del ámbito privado.

Quizás el problema de fondo sea que el Estado y su clase política se han quedado rezagados y continúan pensando que la infancia del nuevo siglo puede seguir siendo atendida con el modelo tutelar-asistencial del siglo pasado. Consideran en efecto a las niñas, niños y adolescentes como vulnerables por su condición de edad. Esta visión es tan desproporcionada como decir que todas las mujeres son vulnerables por su condición de género. Si bien es cierto que existen condiciones de exclusión y discriminación que colocan en vulnerabilidad a millones de niñas y niños, existen otros tantos millones que son protegidos por sus familias y comunidades, desplegando todo su potencial, incluso con la escasa o nula presencia del Estado.

La Enadis nos ofrece además otros datos alarmantes. El 20 por ciento de los adultos cree que los niños no deben tener derechos, y otro 20 por ciento piensa que deberían tener sólo los derechos que sus padres les permitan. Que 40 por ciento de la población no conozca o promueva los derechos de la infancia, está relacionado con la escasa o nula promoción de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, vigente en el país desde el 21 de octubre de 1990. Este instrumento obliga al Estado Mexicano a dejar de considerar a las niñas, niños y adolescentes como objeto de protección, para reconocerlos como ciudadanos con plenos derechos. Y esto es precisamente lo que los gobiernos tienen que entender, que resulta necesaria una nueva forma de relación del Estado con su infancia y adolescencia. Aunque esto sólo será viable si se realiza un nuevo pacto político a favor de los derechos de la infancia.

México es una de las economías más fuertes del mundo. Sin embargo, la inequidad en el ingreso de las familias se refleja en que aproximadamente 20 por ciento de los estudiantes cada año no logra concluir la secundaria a los 16 años de edad. Esto significa que uno de cada cinco no llegará a la universidad, y por tanto su ingreso económico será insuficiente para atender sus necesidades y las de su familia, perpetuando con ello las condiciones de pobreza y exclusión social.

Otro de los datos que da cuenta de la contradicción del Estado mexicano con los derechos de la infancia está en que 76 por ciento de la población no cuenta con una computadora dentro de su casa. Es decir, tres cuartas partes de la población no tiene acceso a la riqueza informativa que se comparte a través de Internet y las redes sociales. La falta de acceso a Internet no sólo vulnera el derecho a la educación, sino también vulnera el derecho a la información, que es condición básica para ejercer una ciudadanía plena.

En este país sólo un segmento muy pequeño de niñas y niños tiene todas las oportunidades para desarrollar sus capacidades, acceder a recursos y ejercer sus derechos en todos los espacios de su vida. Mientras que un segmento muy alto, 54 por ciento de la población infantil, enfrenta condiciones de pobreza. Durante 2011 el Poder Legislativo modificó el artículo cuarto de la Constitución, definiendo que En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Añadiendo que Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Y que Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Si la Constitución lo establece, ¿cómo se explica que en los debates sobre la reforma educativa no se está considerando la participación de las niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué las negociaciones parecen reducirse a temas sindicales? Es evidente entonces la contradicción del Estado mexicano con su infancia y adolescencia. Ni los ven, ni los oyen.

Aun con el importante avance de las modificaciones al artículo primero, para que los instrumentos internacionales de derechos humanos estén al nivel de la Constitución, la armonización legislativa en materia de derechos de la infancia se ha quedado rezagada, quizás porque no se le considera políticamente rentable ni se visualiza la importancia que tiene la ciudadanía infantil y adolescente para la gobernanza nacional y global. Cuando hablamos de una política de Estado, necesitamos que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean transversales y obliguen a las entidades públicas a articular esfuerzos, garantizándoles la oportunidad de construir un proyecto de vida adecuado.

El desafío está en superar que las leyes en materia de infancia sean sólo un reflejo de de la fragmentación en el diseño de la administración pública. Existen en el Congreso dos iniciativas de ley general para la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes, que pueden sentar las bases para construir un órgano articulador que tenga la fuerza jurídica y coercitiva para que las distintas dependencias se articulen para su bien. ¿Se atenderán las recomendaciones de los organismos internacionales para superar el rezago que México tiene ante la ausencia de un sistema nacional de garantía de derechos de la infancia y adolescencia? La moneda está en el aire.