o es la primera señal, pero sí la más descomunal y sugerente. En una de las céntricas zonas emblemáticas de la capital del país han sido levantados 11 jóvenes (terminología que no por sugeridamente prohibida por las autoridades federales para su uso mediático deja de ser exacta y vigente) que, según las declaraciones de familiares, son avecindados en el famoso barrio de Tepito (al que de paso se está sometiendo a un reforzamiento clasista de estigma).

La aparición de un comando de hombres armados y encapuchados, que en rápida acción se llevó consigo a un nutrido grupo de personas de un lugar público, es el timbre de recepción en la ciudad de México a un fenómeno que en el resto del país lleva largos años de cultivada presencia. Hasta ahora, a contracorriente de lo que sucede por doquier en este México desfondado no solamente en materia de seguridad pública, la capital del país parecía orgullosamente exenta de fenómenos de ese calado, aunque indicios no faltaban del asentamiento progresivo de bandos, con sus bélicos jefes al frente. El lugar más seguro, solía decirse, era el Distrito Federal, a despecho de la fama ganada durante décadas en sentido adverso en una ciudad donde se han mantenido los índices delictivos del pasado clásico, pero sin los agregados barbáricos que son advertibles actualmente en otras latitudes, sobre todo las norteñas.

Y sin embargo, los aún confusos hechos del pasado domingo en la Zona Rosa (emblemática, como se apuntaba líneas arriba, aunque decadente y cada vez más abiertamente dominada por rubros oscuros o, si se quiere, más que claros) han evidenciado de golpe la acumulada peligrosidad de la que se habían tenido destellos en el propio espacio tepiteño, en Iztapalapa y en algunas otras zonas orientales de la capital.

Con estos golpes desestabilizadores y desmotivadores, pareciera que se ha entrado a una creciente cruzada contra la ciudad de México, cuyo talante crítico y progresista la ha convertido en espacio ganado por la izquierda electoral desde que se superó el esquema tutelado de la designación presidencial de un regente y sus delegados. Pero la degradación institucional y la apertura de flancos para la instalación de cárteles y capos no corresponde solamente a quienes de manera explicable se devanan el seso tratando de encontrar la manera de colocar a las administraciones provenientes del PRD en predicamentos que puedan desgastar la maquinaria clientelar institucionalizada que garantiza votos para el sol azteca (un conjunto de tales seseras, ahumadas de tanto cavilar electoralmente, está instalado en la cúpula de la secretaría federal de Desarrollo Social, con sus planes troyanos de incursión despensera).

La responsabilidad también es de las propias administraciones de izquierda, centrales y delegacionales, de ahora y del pasado, que a pesar de sus logros en otros temas no han podido contener la corrupción galopante que se manifiesta cotidianamente en sus oficinas de atención al público, en la tramitación siempre condicionada, en los servicios necesitados de incentivos, por citar algunos ejemplos. Entre otras prácticas, en las delegaciones políticas y en el aparato central se ha sostenido un firme esquema del entre de empresarios de lugares de muy discutible diversión, sabidamente constituidos en centros de distribución de drogas y en puntos de encuentro de miembros de bandas delincuenciales.

En muchos estados del país, el tránsito de la paz provinciana al horror del predominio de los cárteles se ha dado en razón de que los gobernadores venden la plaza a determinado grupo y por tanto colocan la operación policiaca al servicio de los compradores sanguinarios, que en más de una ocasión han llegado a reprochar a tales gobernantes, frente a frente, el incumplimiento de los tratos que suelen comenzar con el cuantioso apoyo en efectivo para campañas electorales.

Pero el DF no ha necesitado de esas inyecciones electorales subterráneas relacionadas con el narcotráfico porque la tendencia natural de sus votantes es plenamente favorable a la izquierda. Miguel Ángel Mancera, cuya administración se ha esmerado en cometer errores y despropósitos que desalientan a la mayoría poblacional progresista, fue procurador de justicia antes de ser habilitado como candidato de acordada continuidad en el DF, y su actual equipo de trabajo está integrado en cargos clave por funcionarios que lo fueron en el sexenio marcelista (en el área de seguridad pública, donde Manuel Mondragón pasó a similar puesto en el plano federal, se mantienen líneas de trabajo coincidentes).

Hoy, frente a sucesos como los del after Heaven (uno de tantos en el mapa negro de la capital), Mancera está ante la posibilidad de comportarse como un líder de la comunidad, un defensor de espacios ganados a lo largo de luchas intensas, y no como un burócrata de élite a la espera de desahogos procedimentales (no actúa el GDF, por ejemplo, en el caso del denunciado cobro de cuotas en negocios del Centro Histórico, porque no hay denuncias, ha dicho esa autoridad, aun cuando bien se sabe que el que denuncia puede ser asesinado, entre otras causas por las filtraciones provenientes de los propios aparatos policiacos), o como un partícipe más de los rejuegos federales priístas que manejan estos asuntos a plena conveniencia de sus intereses grupales.

Ah, por cierto, el licenciado Enrique Peña Nieto pronunció ayer un bien ubicado discurso (un día antes le había fallado el GPS, al hablar en Baja California del estado de Tijuana) frente a procuradores de justicia de todo el país, a los que propuso entrar a un estado casi nirvánico, con restructuraciones modelo, averiguaciones bien hechas, aprovechamiento tecnológico, sistema acusatorio y galopante espíritu quijotesco de temporada.

Y, mientras Granier se escabulle, el apagón analógico es impulsado a conveniencia por las televisoras dominantes y Jesús Zambrano se queja de que al PRD le cobren 25 millones de pesos por deudas del plantón de 2006 pero a AMLO no lo toquen ni con el pétalo de una flor de los pantanos del sureste, ¡feliz fin de semana!

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