Buenos Aires, 30 de mayo.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó esta madrugada la ley que fija los reglamentos para el ingreso igualitario y democrático de jueces y personal al Poder Judicial, el último de los proyectos que restaba del paquete de modificaciones para la democratización de la justicia.

Con apoyo de diputados de otros bloques el oficialista Frente para la Victoria, y con modificaciones introducidas en su paso por el Senado, la iniciativa logró 130 votos a favor.

Con esta votación queda aprobado el último de los seis proyectos de la reforma que impulsó el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que supone un importante cambio, ya que la justicia era una de las instituciones que conservaba antiguas y gastadas estructuras, muchas ligadas a la serie de dictaduras militares que asolaron el país entre 1955 y 1983, fecha en que terminó la más cruenta que recuerde la historia nacional.

Anteriormente fueron aprobadas la regulación de las medidas cautelares en causas en las que el Estado o sus entes descentralizados son parte, la creación de tres nuevas cámaras de casación, la difusión de las resoluciones y acordadas de la corte de los tribunales de segunda instancia, y la publicidad de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios públicos.

Entre las modificaciones que realizó el Senado se consideraron algunas de las propuestas que envió la Suprema Corte al Parlamento y que aceptó el Ejecutivo, como la concesión a los magistrados del fuero federal de poder continuar con la designación directa, y ahora en forma excepcional, de los cargos de relator de cámara y secretario privado de primera instancia, aunque estos agentes no podrán ser promovidos a planta permanente en forma definitiva.

De la misma manera podrá designar en forma directa dos cargos letrados, pero en las mismas condiciones que los anteriores. También se concedió la descentralización de los concursos públicos para la designación de todos los cargos a la justicia. En el texto anterior del proyecto esto debía quedar a cargo del Consejo de la Magistratura.

Ahora la Suprema Corte manejará los concursos para el ingreso de personal al Poder Judicial (desde un empleado hasta un secretario); la procuraduría hará lo mismo para los distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal y de igual modo lo resolverá la Defensoría.

El Consejo de la Magistratura se encargará de los concursos de su propio personal.

Además del ingreso democrático e igualitario de personal al Poder Judicial y al Ministerio Público de la Nación a través de concursos públicos, la reforma impulsada por el Ejecutivo incluyó una restructuración del Consejo de la Magistratura que, además de ampliar su conformación, estableció la elección a través del voto popular de los nuevos consejeros, aspecto que fue objetado judicialmente por sectores opositores, jueces, abogados y algunas ONG, señala el periódico Página 12.

Los debates fueron largos e intensos y la votación de hoy se realizó después de largas discusiones en torno a la iniciativa gubernamental del blanqueo de capitales, que también logró el Frente para la Victoria.

Se trata de la exteriorización de divisas no declaradas, a cuyos tenedores se les otorgará bonos destinados a inversiones en energía, infraestructura o el mercado inmobiliario. Con esto se trata de que retornen dólares al país y una oferta que supone un importante paso.

Medidas cautelares

Como era de esperar, la oposición de derecha y sus aliados comenzaron una nueva batalla jurídica de medidas cautelares, que hasta ahora han sido rechazadas. Una contra la elección popular de consejeros, que ha sido uno de los temas más criticados por las fuerzas opositoras y varias ONG, que responden a fundaciones de Estados Unidos y Europa.

La juez federal con competencia electoral María Servini de Cubría, denegó el pedido de la agrupación Gente de Derecho que encabeza el titular del Colegio Público de Abogados Jorge Rizzo en este caso y rechazó la medida cautelar pedida para suspender el sistema de elección popular de los consejeros de la magistratura.

La nueva ley prevé que los representantes de los jueces, los abogados y los académicos sean electos por el voto de los ciudadanos en elecciones generales.

Otra acción que presentó Rizzo ante la juez en lo contencioso administrativo federal Rita Ailán, donde también reclamó una medida cautelar a fin de impedir los graves prejuicios que la aplicación inmediata provoca, tanto de manera personal como en los derechos y garantías a los abogados matriculados. Sin embargo, nada de esto surge de las nuevas leyes. Se esperan reacciones de la oposición.