El ejido chiapaneco de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, reanuda esta semana la batalla legal que ha venido sosteniendo durante más de tres años en defensa de su territorio y el derecho a la autodeterminación comunitaria. Este lunes, los representantes de la comunidad tzeltal acudieron al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para demandar la devolución de una superficie de su territorio, de la cual se posesionaron arbitrariamente diversas autoridades federales y de Chiapas el 2 de febrero de 2011.

Presentamos un nuevo escrito al presidente del CJF, Juan Silva Meza, para que garantice imparcialidad e independencia en la resolución del amparo interpuesto en 2011, informó Ricardo Lagunes Gasca, representante jurídico de los ejidatarios, quien acompaña en la diligencia a los delegados indígenas. El 30 de enero del presente año, el juez séptimo de Tuxtla Gutiérrez dictó sentencia sobreseyendo el amparo, al considerar que el ejidatario autorizado por la comunidad, Mariano Moreno Guzmán, no contaba con los requisitos de la Ley de Amparo para ser representante sustituto del ejido. Por otra parte, demandaron que se tomara en cuenta el carácter apócrifo del acta de asamblea que presentaron, para ampararse a su vez, la Secretaria General de Gobierno chiapaneca y el comisariado ejidal a su servicio, Francisco Guzmán Jiménez.

Acta apócrifa

El juez la dio por válida y determinó que el ejido dio su consentimiento para la instalación de la caseta única de cobro en el acceso a las cascadas de Agua Azul, avalando así que el gobierno la administrara, aun cuando el documento no contaba con firmas de ejidatarios ni convocatoria previa.

Los ejidatarios adherentes de la Sexta declaración de la selva Lacandona promovieron contra la sentencia el recurso de revisión 118/2013, el cual fue resuelto el pasado 16 de mayo. La resolución de un tribunal en Chiapas, publicada el día 22, revoca la sentencia del 30 de enero por considerarla ilegal y ordena reponer el procedimiento para que se notifique a la asamblea general de la demanda interpuesta por Moreno Guzmán, como debió haberse realizado desde su admisión el 4 de marzo de 2011, y no dos años después”.

Los indígenas, expresó su abogado, señalaron al ministro Silva Meza que esperan que el caso se resuelva de conformidad a los derechos de los pueblos indígenas y a las reformas del 10 de junio de 2011; que garantice que el juez no determine el asunto solamente desde la perspectiva del derecho agrario (más restrictivo y menos protector que las normas internacionales) y que se garanticen los más altos estándares de protección de los derechos de los pueblos respecto a territorio, derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado.

En consonancia, las autoridades autónomas adherentes a la Sexta enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, en relación al despojo de su territorio, la represión y la criminalización de su organización por parte del gobierno de Chiapas.

En tanto, el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York, el Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset y los comités de la Palabra Verdadera en Alisal y Calcuta, llamaron a la Semana de Acción Mundial a favor de esta lucha, del 25 de junio al 2 de julio. Puntualizaron que la iniciativa, respaldada por los ejidatarios, es en respuesta al salvaje asesinato de Juan Vázquez Guzmán, dirigente de la Sexta en San Sebastián Bachajón, el 24 de abril. Destacaron que las comunidades tzeltales están siendo atacadas por las fuerzas del capitalismo y las empresas trasnacionales que no dejarán sin tocar ningún rincón del mundo.

Aquí ambicionan las cascadas de Agua Azul, con el fin de convertirlas en un destino turístico de lujo privado, sostuvieron. Los ejidatarios, quienes heredaron estas tierras y las cuidan, son un obstáculo, lo cual los ha convertido en los recibidores de amenazas, agresiones, detenciones arbitrarias, desapariciones, encarcelamiento, tortura y ataques de fuerzas gubernamentales y grupos paramilitares.