Roma, 27 de mayo.

Ex altos funcionarios, policías y mafiosos de Italia comenzaron a ser juzgados hoy en la ciudad de Palermo, en un histórico proceso para determinar si existió un pacto de no agresión entre el Estado italiano y los jefes de la mafia en los años 90.

La acusación que se pretende aclarar es si las autoridades italianas aceptaron no perseguir a un líder mafioso prófugo y aliviaron las condiciones de prisión de más de 300 miembros de la mafia a cambio de detener una campaña de asesinatos que comenzó en 1992.

La fiscalía asegura que los bombazos, que mataron a 21 personas, pararon en 1994 después de un acuerdo mediado por Marcello Dell’Utri, un ex senador y estrecho aliado de Silvio Berlusconi, que llenó el vacío de poder dejado por el colapso del antiguo sistema de partidos cuando entró en política ese mismo año.

De probarse los cargos de la fiscalía, sería un escándalo que pondría en tela de juicio todo el sistema político. Han sido llamados como testigos el presidente del país, Giorgio Napolitano, y el presidente del Senado, Pietro Grasso, ex fiscal general italiano antimafia.

El ex ministro del Interior Nicola Mancino es uno de los 10 acusados. Enfrenta cargos por falso testimonio por haber negado estar al tanto de las negociaciones, cuando el ex ministro de Justicia Claudio Martelli relató lo contrario a los investigadores.

Siempre he combatido a la mafia, no puedo estar en el mismo juicio que la mafia, protestó Mancino a su llegada al tribunal, dentro de la prisión de máxima seguridad de Palermo.

Mancino añadió que pedirá ser juzgado por separado. Los tribunales ya aprobaron pedidos similares en otros procesos de Calogero Mannino, otro ex ministro sospechoso, y el antiguo padrino de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, que está enfermo.

Los otros acusados son cuatro jefes de la mafia ya presos, incluyendo al predecesor de Provenzano, Toto Riina, arrestado en 1993; tres ex jefes de la policía especial; Marcello Dell’Utri, ex mano derecha de Berlusconi que fue supuestamente corrompido por la mafia; y el empresario Massimo Ciancimino. Todos enfrentan cargos de conspiración contra el Estado.

En otro juicio relacionado, la fiscalía pidió el viernes pasado nueve años de prisión para uno de los jefes de policía acusados, Mario Mori, por evitar la detención de Provenzano, capturado finalmente en 2006 tras 43 años prófugo.

El proceso deberá demostrar si el pacto con la mafia efectivamente se cerró, y, de ser así, con el visto bueno de quién: de los democristianos de izquierda como Mancino y Scalfaro, o del conservador Silvio Berlusconi, que fue nombrado primer ministro por primera vez en 1994.

El caso se basa parcialmente en evidencia aportada por el último de los 10 acusados, el empresario Ciancimino, cuyo padre fue un alcalde de Palermo apoyado por la mafia que al parecer actuó como intermediario en las negociaciones.

Los críticos cuestionan sin embargo la imparcialidad de las investigaciones, porque uno de los fiscales participantes –Antonio Ingroia– concurrió a las elecciones de febrero sin éxito al frente de una alianza de izquierda radical.