Guanajuato, Gto., 27 de mayo.

Los delitos cometidos por burócratas en Guanajuato quedan impunes a causa de los amiguismos políticos, debido a que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) depende del gobierno estatal panista, acusó el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, Hugo Estefanía Monrroy.

Agregó que la PGJE debe castigar y exhibir a los servidores públicos que cometan delitos, como lo hace con otros ciudadanos implicados en ilícitos del fuero común o por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Debe haber penas más severas, dejar a un lado los colores del partido, castigar severamente; no se puede seguir tolerando (la impunidad). Queremos que ventilen los nombres y los castigos impuestos, exigió.

Como casi todos los delitos cometidos por funcionarios en el estado no son considerados graves, Estefanía Monrroy anunció que se reunirá con la fracción de su partido para proponer reformas al Código Penal de Guanajuato.

El presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso local, el panista Juventino López Ayala, dijo que si la procuraduría estatal archiva algunas denuncias penales presentadas por el órgano legislativo es porque no hay dolo, sólo errores en el manejo del dinero público.

De las 150 denuncias que ha presentado el Congreso estatal de 2006 a la fecha contra servidores públicos que causaron daños al erario por más de 76 millones de pesos, la PGJE archivó o reservó 44.6 por ciento y sólo ha consignado a 16 por ciento de los implicados ante un juez.

Se tendría que acreditar es que realmente hay dolo. Por ejemplo, hubo varias esposas de alcaldes a quienes por acuerdo del ayuntamiento se les pagaba un salario. Cuando el Órgano de Fiscalización revisó, hizo observaciones y presentó denuncia penal, pero como no hay dolo, sino errores, no es un robo. Por eso prescriben o se archivan (los expedientes), argumentó López Ayala.

En el supuesto que mencionó el legislador del blanquiazul están las ex presidentas de los sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Tarandacuao, Huanímaro, Villagrán, San Diego de la Unión, Pueblo Nuevo, Tierra Blanca, Valle de Santiago y de Silao de las administraciones 2003-2006, quienes recibieron pagos y gratificaciones pese a que sus puestos son honoríficos.

El dinero que percibieron lo tienen que regresar. Puede haber algunas denuncias, pero no se acreditó el dolo; por eso se archivan, insistió.

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado y coordinador de los diputados priístas, Javier Contreras Ramírez comentó que están molestos porque se ha dejado prescribir muchos delitos cometidos contra el erario estatal.