esde hace 30 años, la Federación Lati­no­a­me­ricana de Aso­cia­ciones de Fami­lia­res de Dete­nidos-De­sa­pa­re­cidos (Fe­defam) dedica la última semana de mayo a visibilizar esa práctica represiva ilegal y violenta propia del terrorismo de Estado. Dicha acción se inscribe en la larga lucha, continua y sin cuartel, por preservar la memoria de las y los desaparecidos políticos de la región. En México, diversas organizaciones han venido librando batallas para rescatar el nombre, la causa y la historia de más de medio millar de mexicanas y mexicanos víctimas de una tecnología represiva aplicada por el Estado en los años sesenta y setenta, en el marco de una guerra de contrainsurgencia dirigida a borrar, difuminar y desconocer −a desvanecer como en la noche y en la niebla− a adversarios políticos que amenazaban al statu quo oligárquico; es decir, que fueron considerados un peligro social para el sistema de dominación clasista que imperaba entonces como ahora, cuando regresa al gobierno el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que engendró el terrorismo de Estado.

El tema remite a la guerra sorda que se libra desde entonces entre las fuerzas de la memoria, la verdad y la justicia versus las técnicas de terror de la desaparición forzada. Al antagonismo entre las pruebas testimoniales y documentales, entre las verdades históricas y jurídicas que, invisibilizadas o distorsionadas por los turbios mecanismos del poder institucionalizado, han permitido la impunidad de decenas de genocidas que cometieron crímenes de lesa humanidad.

En la coyuntura, el libro de Roberto González Villarreal, Historia de la desaparición, desnuda el know how represivo y la lógica del dispositivo desaparecedor, como herramienta de la guerra sucia antisubversiva en los años del plomo, y su mecánica a partir de la construcción del campo de lo reprimible. Exhibe las tácticas y técnicas represivas difuminantes; sus estrategias de ocultación, el borrar o escamotear las identidades de las víctimas, quiénes eran, qué hacían, quiénes se los llevaron, pero también el confundir y el callar de las instancias legales, burocráticas e institucionales, y la dinámica de las variadas formas de desvanecimiento o borramiento de la identidad de personas insumisas, para concluir que se trató de una tecnología utilizada por los gobiernos populistas pro oligárquicos de Díaz Ordaz, Echeverría y López Portillo aplicada, principalmente, por el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad (la policía política del antiguo régimen), con su clandestina Brigada Blanca.

La secuencia detención-secuestro/tortura/desaparición es un método contrarrevolucionario utilizado para reprimir las luchas político-sociales. Es una tecnología política aplicada por agentes del Estado o por personas o grupos que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. La razón por la que un Estado autoritario recurre a ese método se debe a su efecto de supresión de todo derecho: al borrar las huellas de un individuo, al no existir cuerpo del delito, se garantiza la impunidad.

El silencio, el ocultamiento y la negación son parte de una estrategia política. No se reconoce al enemigo interno, detenido y desaparecido. En ese caso no se publicita el éxito represivo, la victoria del bien sobre el mal. Eso nunca pasó. Ergo, no hay responsables. Aunque haya pruebas aplastantes, se niega la responsabilidad estatal. Por años, la estrategia de las autoridades fue: Los desaparecidos no existen en México. Murió en un enfrentamiento. No está desaparecido, lo asesinaron sus propios compañeros. La misma fórmula de la negación utilizada por el gobernador Enrique Peña en el caso de las mujeres violadas de Atenco, en 2006. La negación de la evidencia como práctica.

Según Agamben, la desaparición es lo que vuelve al opositor un homo sacer, una persona que puede ser asesinada con impunidad. La táctica de hacer desaparecer opositores es un método basado en la producción de desconocimiento. Por eso la desaparición se debe contar desde las víctimas; desde el recuerdo que hacen las madres, los familiares y compañeros de quienes estaban destinados desde la lógica represiva del Estado al olvido, a una no-existencia. Como diría el genocida argentino Jorge Videla, quien murió en un retrete hace 10 días, el desaparecido es una incógnita. No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Lo que nos lleva a recuperar la noción de Agamben: el desaparecido es un prisionero destinado a la nuda vida propia de un sistema concentracionario.

Pero siendo una tecnología quirúrgica desindividualizante, como práctica terrorista de Estado la desaparición persigue efectos sobre la colectividad. Proyecta una suerte de advertencia mimética; busca generar un miedo aterrorizante sobre toda la población y explotar y manipular sus angustias e instintos primarios. Con su carga simbólica, no es una falla del sistema, sino un elemento permanente del dispositivo punitivo estatal −ahí están los 25 mil desaparecidos de la falsa guerra a las drogas de Felipe Calderón−, cuyo fin es impedir la movilización de grupos que adversan a gobiernos autoritarios, y frenar la acción colectiva vía la instalación del caos, el miedo y el terror.

Al comienzo de una nueva fase represiva con Enrique Peña: ¿una estrategia militar… para la paz, o para la consolidación territorial trasnacional?, el eje de guerra sucia del Tribunal Permanente de los Pueblos, sección México, realizará los días 28 y 29 de mayo una preaudiencia sobre desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM, plantel Del Valle). Su objetivo: contribuir al rescate de la memoria, la verdad histórica, la justicia, y alcanzar la reparación integral del daño y las garantías de no repetición.