El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que busque y dé a conocer el número de personas acusadas y presentadas ante la autoridad judicial por delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita –especificando la organización delictiva a la que pertenecen– de 1990 a 2012.

Un particular solicitó conocer la cifra de acusados y presentados por dichos delitos. En su respuesta, la PGR informó que no cuenta con datos desglosados que permitan identificar a los probables responsables con algún cártel, por lo que declaró la inexistencia de la información.

El solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Ifai, mediante el cual señaló la existencia de diversos documentos publicados por la dependencia donde se hace constar a qué grupos pertenecen los detenidos.

En alegatos, la PGR reiteró su respuesta; sin embargo, el comisionado Gerardo Laveaga advirtió que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por tanto, propuso revocar la inexistencia invocada por la PGR e instruirle una nueva búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas.

Información detallada sobre reportes mensuales

Por otro lado, el organismo de transparencia ordenó a la Secretaría de Gobernación (SG) que entregue información detallada acerca de las averiguaciones previas con base en las cuales elabora las estadísticas que emite mensualmente desde el inicio de la actual administración, en las cuales detalla aspectos como el hecho delictivo, número de averiguación previa y qué autoridad presentó al delincuente.

En un principio, la SG había argumentado que los datos requeridos por un particular no estaban en su poder, por lo que lo invitaba a consultarlos ante la PGR y otras instancias.

Inconforme con la respuesta, el solicitante argumentó que si Gobernación había rendido un informe sobre el tema es porque recibió de distintas autoridades los datos en cuestión y, por tanto, estaba en sus manos proporcionarlos.

Durante la fase de alegatos, la SG reiteró que la información solicitada no existía en sus archivos y que la misma excedía el ámbito de sus atribuciones, por lo cual llamó al particular a buscarla en la PGR.

Al analizar el caso, Laveaga concluyó que Gobernación es competente para rendir la información oficial del Ejecutivo federal, y por tanto debe allegarse de la misma y responder al solicitante.