a Jornada Internacional contra Monsanto, convocada por diversas organizaciones civiles y ambientalistas, logró sumar ayer multitudinarias muestras de apoyo en cientos de ciudades de más de 50 países de todo el mundo: Estados Unidos, Argentina, México, Japón, Sudáfrica, Alemania y Australia, entre muchas otras naciones.
Es significativo que esta movilización social masiva, internacional y prácticamente simultánea no haya estado dirigida en esta ocasión en contra de algún Estado u organismo financiero, sino contra una entidad particular que detenta, por añadidura, una posición hegemónica en el ámbito de la producción alimentaria y la biotecnología –particularmente en el desarrollo y comercialización de maíz transgénico–, y cuyo enorme poder y alcance la coloca en una posición amenazante para la alimentación de las poblaciones y para la biodiversidad.
En el caso concreto de nuestro país, el correlato de este rechazo es la solicitud de permisos, formulada por las empresas Monsanto y DuPont-Pioneer al gobierno mexicano, para producir maíz transgénico a gran escala, con fines comerciales y sin restricciones, con el supuesto objetivo de contener las crecientes importaciones del grano en el país.
Tal solicitud es improcedente. Como ha sido documentado por distintas publicaciones científicas en el mundo, ese tipo de cultivos constituye un factor de riesgo para la salud de las poblaciones y para la biodiversidad, en la medida que su consumo está relacionado causalmente con afecciones diversas a los órganos vitales, en tanto que su producción está vinculada con la contaminación irreversible de especies autóctonas en distintos entornos.
Los ejemplos abundan: el año pasado un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Caen, Francia, documentó la aparición de tumores cancerígenos en ratas alimentadas con una variedad de maíz transgénico producido por Monsanto. Tres años antes, el International Journal of Biological Sciences publicó un artículo académico en que se demostraba que tres variedades de maíz genéticamente modificado, producidas por la trasnacional alimentaria estadunidense, pueden ocasionar daños a los riñones, el hígado y el corazón.
La falta de pruebas suficientes sobre la inocuidad de cultivos alimentarios de ese tipo debería ser suficiente para que las autoridades impidieran su producción irrestricta y a gran escala. Pero hay también consideraciones económicas de peso, como el hecho de que la libre comercialización de granos genéticamente modificados, lejos de ser una solución a la creciente dependencia alimentaria, asesta un golpe adicional a los productores tradicionales, de por sí castigados ante el aumento de las importaciones de ese y otros alimentos básicos en general; colocaría la producción en manos de un puñado de empresas –tres de las cuales, Monsanto, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlan más de 90 por ciento del mercado– y agudizaría, por esa vía, la pérdida de autosuficiencia del país en el campo de la alimentación.
Si es verdad que el combate al hambre es una de las prioridades del actual gobierno federal, el punto de partida obligado sería el reconocimiento de las autoridades nacionales, a la relación entre dicho flagelo y el modelo de política alimentaria que ha sido impuesto al conjunto de la población, el cual se basa en una apertura indiscriminada de los mercados y ahora, también, en la conversión del derecho a la alimentación en negocio privado de unas cuantas compañías.
La corrección de la problemática requiere, pues, del diseño y aplicación de medidas orientadas a garantizar la autosuficiencia alimentaria, empezando por mantener o ampliar las restricciones a los cultivos transgénicos; revertir el escandaloso incremento en las importaciones de alimentos, y reorientar los apoyos gubernamentales a pequeños productores agrícolas.
