Oaxaca, Oax., 24 de mayo

El indígena zapoteco José Ambrosio Martínez, de San Agustín Loxicha –detenido y acusado de participar, junto con profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y activistas, en el secuestro de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial en el estado, Gerardo Gutiérrez Candiani–, tenía una orden de aprehensión federal por intervenir presuntamente en un ataque del Ejército Popular Revolucionario (EPR) a instalaciones policiales y de la Marina la madrugada del 29 de agosto de 1996, en La Crucecita, Santa María Huatulco.

El coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, ex preso en el penal federal de Almoloya de Juárez, identificado por el Estado mexicano como el comandante Fausto, expuso que Ambrosio Martínez presentó un amparo indirecto ante el Poder Judicial Federal en octubre de 2012, para conocer su situación jurídica, porque presumía tener una orden de aprehensión, debido a la persecución y represión desatada por corporaciones policiacas federales y estatales contra indígenas zapotecos de San Agustín Loxicha a mediados de los años 90.

Explicó que el juzgado primero de distrito en el estado recibió la demanda de amparo, la cual quedó registrada con el numeral 1441/2012, y al responder notificó la orden de aprehensión 39/1996 del juzgado octavo de distrito en el estado, por los delitos de homicidio calificado, conspiración, terrorismo, sabotaje, privación ilegal de la libertad, robo, robo de uso, lesiones calificadas, por su presunta participación en la agresión del EPR.

Sin embargo, expuso que José Ambrosio Martínez no dio seguimiento al trámite, para solicitar el amparo y protección de la justicia federal y así evitar ser detenido, pues carecía de dinero para exhibir la fianza. No tenía ni 5 mil pesos en el momento (de presentar el amparo), mucho menos iba a tener 50 mil o más que podría exigir el juzgado primero de distrito para eventualmente garantizar el daño, indicó.

Sosa Maldonado afirmó que con la detención de José Ambrosio Martínez y de profesores de la sección 22, el gobierno federal pretende, vincular el secuestro de los dos menores de edad con el EPR, pero no hay pruebas fehacientes.

Entretanto, el Ministerio Público Federal de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró una vivienda en la colonia Las Peñitas, perteneciente al barrio San Lucas, Sección Sexta, en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, conurbado a la capital del estado, donde presuntamente los profesores de la Sección 22 del SNTE y activistas, mantenían en cautiverio a los dos menores de edad secuestrados.

En las puertas de la casa de Alejandro Sandoval Martínez –uno de los detenidos–, de oficio albañil y dirigente vecinal, personal de la dependencia federal colocó sellos para evitar el paso de personas, por estar sujeta a una averiguación previa.