omo se anticipara oportunamente –mientras conocemos el programa sectorial de salud así como la reforma fiscal– la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 confirma que la oferta electoral de Peña Nieto por una seguridad social universal –diseñada por Santiago Levy– constituyó sólo una coartada social para justificar reformas hacendarias con elevación de impuestos (IVA) y reducir prestaciones sociales.

Con la reforma laboral de 2012 a cuestas –y sus impactos por los nuevos tipos de contratación y outsourcing sobre el financiamiento del IMSS-Issste–, los contenidos de salud y seguridad social del PND corroboran la inviabilidad técnico-política de aquella oferta electoral. Sólo proponen asegurar el acceso a servicios de salud (p.117), y simultáneamente sólo ampliar el acceso a las instituciones de seguridad social (p.118). En suma: sólo avanzar en la construcción de un sistema de seguridad social universal (p.117).

Con una consulta ciudadana escuálida, el PND es ambiguo sobre el futuro del Seguro Popular al que reconoce (preparar el sistema para que el usuario seleccione al prestador de servicios, p. 118), y simultáneamente critica (p.47), aunque promueve esquemas innovadores de financiamiento público-privado para impulsar la sostenibilidad financiera de los organismos públicos, (p.119), tal y como solicitara el sector asegurador.

Y es también impreciso sobre los determinantes financieros que pesan sobre IMSS e Issste. Sigue propalando la trampa mediática respecto al peso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, sin atender el fracaso esférico de la reforma Zedillo al IMSS. Tampoco reconoce el endeble soporte financiero de la reforma Calderón al Issste. Pero asume impulsar la sustentabilidad del sistema de pensiones, considerando transiciones hacia esquemas de contribución definida (p.119), tal y como solicitara la Amafore.

Así que el ofertado sistema universal de cuatro derechos exigibles quedó reducido a la portabilidad y convergencia, fortaleciendo la rectoría de la Ssa (p.53), ya anticipadas en el Pacto por México (Compromiso 1).

Pero la verdadera universalidad de Peña prefiere responsabilizar al ciudadano enfermo por sus hábitos, tal y como anticipara en su discurso el Día Mundial de la Salud: los buenos hábitos son las herramientas que necesitamos para construir un país más sano, vigoroso y dinámico. El PND sólo admite hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud (p. 117).

La principal demanda ciudadana: mejorar servicios y actualizar el catálogo de prestaciones en consonancia con la ciudadanía plural del siglo XXI, fueron ignorados en campaña y vuelven a estar ausentes en el PND.

Los presuntuosos cuatro derechos exigibles propalados por Peña en campaña y exaltados –como seguro universal por un coro de voces que conjugó intelectuales mediáticos e intereses– quedan reducidos a una inercia gubernamental que no termina por abrirse camino propio cercano e incluyente para dotar al usuario-paciente de salud y seguridad social resolutiva y ajustada a su real ciudadanía.

Al igual que sucede con la política educativa, en la de la salud y la seguridad social, el PND está más cerca de los estudios más recientes de la OCDE sobre el asunto (2012-13), que de su propia oferta electoral.

Como en los tiempos de Salinas de Gortari (Pronasol), el auténtico programa social de Peña camina por la ruta de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, incluyendo la política de salud y seguridad social: los avances en el seguro para jefas de familia y la pensión universal (quinta y sexta decisión del discurso de toma de posesión y acuerdos 5 y 3 del Pacto por México). Como entonces, el PND encadena la salud y seguridad social a esa política social netamente asistencial, pero de alto impacto electoral: generar esquemas de desarrollo comunitario para a través de procesos de participación social (p.116). Para decirlo con la secretaria Mercedes Juan: vincular la cruzada con el Seguro Popular ( La Jornada, 8.5.13)

Así, la auténtica seguridad social universal ha sido desestimada. Al igual que en la materia educativa, el equipo electoral de Peña, primero, y después su equipo de gobierno, han sido incapaces de elaborar la política de salud y seguridad social del país que pretende convertir en potencia emergente.

Los contenidos del PND confirman, a cabalidad, la que desde un principio fue clara inviabilidad técnico-política del sistema de seguridad social universal de Levy y sus entusiastas e interesados promotores. Bajo la potencia emergente sexenal de Peña, garantizar el ejercicio de los derechos sociales para toda la población (p.115) permitirá atestiguar cómo se siguen parchando los parches: las fracasadas reformas Zedillo al IMSS así como la de Calderón al ISSSTE. Y, por supuesto el multicuestionado Seguro Popular de Fox, Gil Díaz y Frenk, a través de la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental y el federalismo articulado que en el PND contempla la inclusión de los gobiernos estatales en la toma de decisiones del Sistema Nacional de Salud (p. 105). ¡Eso es todo!

Por algo el PND no incorpora indicadores del asunto que reflejen la situación del país en temas considerados como prioritarios (p.159), más que carencias de la población en pobreza extrema del Coneval.

Despeñado el seguro universal, se administrará, sin cambios de fondo y abriendo, ciertamente, nichos de negocios sectoriales. Pero con los objetivos y estrategias ya emplazados en su PND, Peña dispone de suficiente ambigüedad programática como para conducir la salud y seguridad social al mismo terreno de su proyecto educativo y petrolero.

*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco