Buscamos mantener el programa a salvo, indica el subsecretario Roberto Campa
Se corregirán y sancionarán las desviaciones e irregularidades, asegura el funcionario federal
Viernes 24 de mayo de 2013, p. 6
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián, se comprometió a blindar el programa de prevención del delito de un uso político-electoral. La bolsa presupuestal de este plan nacional es de 2 mil 250 millones de pesos para este año. ‘‘Buscamos mantener el programa a salvo’’, dijo.
‘‘Tendremos una auditoría suficientemente sólida, robusta, clara, que sea un mensaje de que se le dará seguimiento a (la aplicación de) recursos y se corregirán y sancionarán las desviaciones e irregularidades’’, dijo.
Adicionalmente, explicó, la Secretaría de la Función Pública (SFP) hará un ‘‘trabajo puntual’’ de la aplicación de los recursos federales, lo cual se complementará con el seguimiento que haga el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de los resultados.
El programa será aplicado en mil 67 colonias del país consideradas las más violentas o vulnerables, en donde se pretende llevar proyectos o intervenciones específicas con el objetivo de atajar las causas de la violencia social.
Cada área o polígono (así se define a un conjunto de colonias de una demarcación determinada) tendrá sus proyectos particulares, lo mismo en Acapulco (donde los jóvenes pidieron por ejemplo un área para practicar patineta) o Ciudad Juárez que en La Laguna, por mencionar algunas. Los especialistas de la SG indicaron que la elección de colonias se hizo con indicadores específicos para atender las causas de la violencia y no con otro tipo de interés.
Zonas donde habrá comicios
Debido a que este plan será aplicado en zonas que tendrán elecciones el 7 de julio próximo, se ordenó la entrega expedita de apoyos, es decir, no esperar a la realización de actos que pudieran ser proclives al proselitismo.
El gobierno federal repartirá más de medio millón de anteojos para niños que viven en zonas violentas y vulnerables. En el diagnóstico del programa de prevención del delito se destaca que uno de los motivos de la deserción escolar son los problemas visuales y otro tipo de discapacidades no atendidas a tiempo.
Un total de 4.5 millones de niños que viven en las 57 demarcaciones en las que se aplicará el plan antiviolencia serán examinados de la vista por sus profesores, y se calcula que 1.3 millones requerirán un estudio más especializado; de éstos, 576 mil menores requerirán lentes.
El plan costará 97 millones de pesos, porque contará con el auspicio de una fundación privada, a fin de dotar de anteojos a todos los niños que lo requieran durante el próximo ciclo escolar.