San Salvador, 23 de mayo.

Un documento confidencial del ejército salvadoreño de la década de los 80 podría ser el eslabón perdido que confirma el involucramiento de las fuerzas armadas en actividades de escuadrones de la muerte, como torturas y desapariciones forzadas durante la guerra civil.

El Libro Amarillo –así se titula en la portada– es el informe elaborado presuntamente por el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), el ente élite operativo del ejército, cuyas iniciales se ven claramente inscritas en cada una de las 270 páginas del documento y que confirmaría su carácter oficial.

El documento, del cual La Jornada posee una copia, contiene mil 975 nombres y fotografías de opositores izquierdistas detenidos o buscados, ordenados alfabéticamente. Incluye la organización guerrillera a la que supuestamente pertenecían, el seudónimo utilizado y qué función realizaban.

En la portada, alguien ha escrito a mano: sacar fotocopias y ponerlo en el boletinero, para que conozcan a sus enemigos.

El informe está fechado 6 de julio de 1987, pero recoge nombres desde finales de la década de los 70, y por eso se entiende que su origen no es en 1987, sino que ese año fue su última actualización.

Muchos de los detenidos que aparecen en el informe fueron asesinados por los captores, sostuvieron activistas de derechos humanos, pero sus restos nunca fueron encontrados y engrosan ahora la lista de más de 8 mil desaparecidos en el conflicto civil.

La guerra, que dejó 75 mil muertos, comenzó en 1980 y finalizó con los acuerdo de paz en 1992, suscrito por el gobierno y la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ahora partido político, en el gobierno tras ganar los comicios de 2009.

Muchas de las fotografías del informe revelan claramente que han sido tomadas en los cuarteles militares o policiales donde habían sido llevados los detenidos.

Los no identificados, Fase C, son incluidos a efecto de que cualquier unidad que logre obtener información sobre cualquier individuo de estos, lo haga llegar al C-II del EMCFA, para la correspondiente aplicación, se lee en la página cuatro.

No son nuevas las acusaciones que el ejército y los cuerpos de seguridad de la época estuvieron involucrados en torturas y ejecuciones sumarias típicas de escuadrones de la muerte. Reporteros como Craig Pyes, del Alburquerque Journal o Allan Nairn, de The Progressive, dieron cuenta en los 80 de ese nexo, además de una montaña de testimonios dados por víctimas.

Pero no había aparecido un listado del ejército que registrara a los sospechosos de terroristas que iban capturando o estaban persiguiendo, y mucho menos que ese informe evidenciara las desapariciones forzadas.

El libro fue aparentemente descubierto hace unos tres años, por alguien que lo encontró escondido mientras se mudaba de una casa en San Salvador. Lo entregó a una organización civil.

Este documento nos da la evidencia de que el ejército y los cuerpos de seguridad persiguieron y asesinaron sistemáticamente a muchos opositores, explicó a La Jornada Carlos Santos, presidente de la Asociación Salvadoreña de Sobrevivientes de Tortura (ASST).

Santos ha investigado una treintena de casos de personas encontradas en el Libro Amarillo, quienes posteriormente fueron torturadas y desaparecidas.

Uno de esos casos es el de Carminda Lizbeth Castro, de 22 años, capturada en febrero de 1982.

Ella era de la Resistencia Nacional, una de las cinco fracciones que componían al FMLN, contó a La Jornada su padre, el poeta Ricardo Castrorrivas.

El nombre y la foto de Carminda aparecen en el Libro Amarillo, con el código C-142, señal inequívoca de que era buscada por los militares o que ya había sido encontrada.

Llegaron a traer a Carminda como llegaban los escuadrones: hombres de civil fuertemente armados, agregó el Castrorrivas.

Posteriormente, los padres de Carminda supieron que estuvo detenida en la policía nacional. Esa unidad, junto con la guardia nacional y la policía de Hacienda fueron desmanteladas con los acuerdos de paz de 1992, precisamente por su participación en graves violaciones a los derechos humanos.

Pasamos 30 años sin saber nada, y ahora ese libro es el testigo número uno de que los militares la tuvieron, afirmó Castrorivas, cuyo perfil también aparece en el informe, por ser él un militante del Partido Comunista desde los años 60.

Santos comparó listados de opositores desaparecidos durante el conflicto, publicados por organismos como Naciones Unidas, y encontró que 200 de esos nombres están en el documento confidencial del ejército.

La Jornada también cotejó algunos listados de desaparecidos en manos del Comité de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (Codefam), y también encontró coincidencias con el dossier castrense.

Ese es el caso de Abel Enrique Orellana, de 25 años, estudiante de medicina capturado por agentes de la guardia nacional y soldados del regimiento de caballería el 18 de agosto de 1981. El nombre y la foto de Abel están en el Libro Amarillo, con el código O-41.

Una búsqueda aleatoria y preliminar del listado de desaparecidos de Codefam arrojó más nombres: Nemesia Aguillón de Juárez, desaparecida el 20 de octubre; Rogelio Segundo Alfaro, el 16 de julio; Gilberto Alvarado Guardado; el 1º de diciembre, y José Alberto Arévalo Paz, el 7 de noviembre.

Además, entre el 5 y el 10 de agosto de 1981 un grupo de 13 salvadoreños fue detenido en Honduras por militares de ese país, según denunció en 2004 el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Honduras (Codefah).

Entre los capturados y posteriormente desaparecido está Jorge Enrique Jiménez Argueta, enlistado en el Libro Amarillo con el código J0-5, según pudo verificar este diario. Eso supone la estrecha relación mantenida por los organismos de inteligencia de los militares de ambas naciones, en su lucha contra lo que consideraban el comunismo internacional.

Jorge era el esposo de Carminda, quien había estado viviendo en Honduras en ese año, junto a su marido, pero ella regresó a El Salvador semanas antes del operativo militar de los hondureños, contó su padre.

Los desaparecidos están en realidad muertos, a unos los asesinaban allí (en los cuarteles), luego de torturarlos, a otros se los llevaban y los tiraban en otros lugares, afirmó Miguel Montenegro, director de la no gubernamental Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES).

El Libro Amarillo nos ayudaría a saber dónde están, los militares han sido los responsables, las capturas han sido documentadas en el libro, agregó.

Sin embargo, el general retirado Mauricio Ernesto Vargas restó importancia al documento, tras analizar una versión digital mostrada por este periódico.

En mis 32 años de carrera militar, nuca supe de ningún libro amarillo, refutó el militar.

Añadió que el informe mostrado no corresponde con el estilo ni forma de los usados por el ejército.

“Me parece como un listado de nombres, una lista casi intrascendente, eso no es inteligencia (…) eso es como un cuaderno, anillado en forma muy artesanal”, añadió el oficial, que en los 80 comandó la tercera brigada de infantería.

¿Cómo se explica entonces que muchos de esas personas enlistadas terminaran desaparecidas? Vargas dijo que ellos pudieron haber muerto en combate.

La Jornada intentó entrevistar y mostrar el documento al coronel retirado Reynaldo López Nuila, que fungió como director de la policía nacional a finales de los 80.

Pero el oficial dijo brevemente, por teléfono: yo de esa época no quiero saber absolutamente nada.

Pero los familiares de las víctimas sí quieren saber de eso, quieren saber dónde están los restos de sus seres desaparecidos, comentó Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.