l presidente Enrique Peña Nieto está sentando precedentes. Su evidente inclinación católica está contagiando a la clase política mexicana. Están saliendo del clóset los políticos devotos, de manera especial los políticos priístas. El contagio de Peña por visitar el Vaticano alcanzó a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal, animado por el cardenal Rivera para presenciar la entronización del papa Francisco. Sin embargo, a pesar de gozo religioso, Mancera tuvo que pagar altos costos políticos, pues fue ventaneado por la prensa y la propia Iglesia. De igual manera, poco venturoso fue el paso de Eruviel Ávila por Ciudad del Vaticano, pues tuvo que interrumpir su gira de promoción turística del estado mexiquense por la lamentable tragedia de Xalostoc en la carretera México-Pachuca, por la que han perecido 26 personas. Lo curioso es que el Estado Vaticano, propiamente dicho, tiene apenas una extensión de 0.439 km² y una población de casi 900 habitantes. Mercado como tal es simbólico; en realidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas interrumpió la fila de espera que hacía para sacarse la foto con el nuevo papa Bergoglio.

Sin embargo, la acción más preocupante fue de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz, quienes consagraron las respectivas entidades al Sagrado Corazón de Jesús y al Doloroso e Inmaculado Corazón de María. Hay una especie de golpe de pasión religiosa de los gobernadores que aparentemente, ante la crisis de valores de las sociedades y de corrupción de los que no están ellos mismos exentos de señalamientos, apelan a las convicciones religiosas como alternativa.

El caso más sonado ha sido el de Chi­huahua, como reportó la semana pasada es este mismo espacio Carlos Martínez. Se trata de la consagración del pasado 20 de abril, a la que acudieron los seis obispos del estado, 150 sacerdotes, el go­bernador César Duarte Jaquez; su esposa, la presidenta del DIF, doña Bertha Gómez Fong; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez; el coordinador parlamentario del PRI en el Congreso del estado, diputado César Alejandro Domínguez Domínguez; el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Enrique Séañez Sáenz; el presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quezada Martínez, y unos 14 mil asistentes, según cálculos de los organizadores.

En acto similar, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, hizo lo mismo, justificando que las religiones alivian crisis de valores y unen al pueblo y las instituciones. El gobernador, muy cuestionado por su desempeño político en materia de transparencia y corrupción, no tuvo empacho en encomendarse al altísimo para encargar a los veracruzanos un mejor destino. Los dos gobernadores, además de compartir el mismo apellido y partido político, tienen elecciones próximas y de seguro también encargan los resultados a la milagrosa presencia del Sagrado Corazón.

Es evidente la violación al carácter laico del Estado mexicano y una regresión a la separación Iglesia-Estado que ha imperado en México desde el siglo XIX. La Secretaría de Gobernación finge no darse por enterada. Correspondería actuar y aplicar la ley a la Dirección General de Asociaciones Religiosas, la cual parece simpatizar con la nueva línea piadosa de los gobernadores católicos. Roberto Blancarte ha venido advirtiendo la violación de los artículos 40 (laicidad de la República) y 130 (principio de separación entre el Estado y las iglesias) de la Constitución; hay una transgresión a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en los siguientes párrafos: el ar­tículo 1º de dicha ley, además de reiterar el principio histórico de separación, establece que las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país. En ese sentido, con toda justificación el pasado 13 de mayo un conjunto de destacados intelectuales, entre los que se encuentran Ciro Murayama, José Woldenberg, Luis Salazar Carrión, Pedro Salazar Ugarte, Adolfo Sánchez Rebolledo, Raúl Trejo Delarbre y Diego Valadez, firmaron un documento titulado En defensa de la laicidad en México, donde advierten: “Se trata de actos inadmisibles que representan un retroceso histórico, violentan a la Constitución, vulneran la laicidad estatal y, en esa medida, amenazan a la democracia. La laicidad, al garantizar la separación y recíproca autonomía entre la esfera religiosa y la esfera política y al someter a las iglesias a las leyes del Estado, constituye una condición necesaria para que la pluralidad y la diversidad puedan expresarse y recrearse libremente. Sólo en un Estado laico se garantizan la igualdad en derechos –sin importar las creencias o convicciones de las personas– y las libertades de conciencia y de religión. Nuestra Constitución es clara al respecto: prohíbe las discriminaciones por razones religiosas (artículo 1º) y recoge, entre otras, esas libertades (artículo 24). Los actores políticos y en particular quienes ejercen cargos de gobierno están obligados a promover, proteger, respetar y garantizar esos derechos fundamentales”.

En ese mismo tenor, Javier Corral, senador del PAN, presentó ante Gobernación una denuncia contra el gobernador de Chihuahua por quebrantar los artículos 24, 40 y 130 de la Constitución, así como el 1º, 3, 25 y 29 fracción 9 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. La demanda alcanza también al arzobispo Constancio Miranda Weckmann y al obispo de la diócesis de la Tarahumara, Rafael Sandoval Sandoval ( La Jornada, 13/5/13).

Hace más de tres años afirmé que la clase política mexicana, además de la jerarquía católica, son amenazas reales al carácter laico del Estado mexicano ( La Jornada, 28/4/10). Los políticos glorifican el supuesto realismo político, se mueven más en la lógica de los posicionamientos y alianzas ante los resultados electorales en turno. No se trata de defender los purismos ideológicos, pero cada vez resulta más evidente que el pragmatismo tiene un peso mayor en los cálculos, mediciones y actuación de una clase que ha desdibujado su propia tradición e identidad. El pragmatismo político se vuelve mágico mientras el actuar institucional de la Iglesia permanece secular y acechante.