El jefe delegacional de Benito Juárez, Jorge Romero Herrera, tardó casi tres meses en responder a un acuerdo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) sobre las construcciones en las que se han detectado violaciones al uso de suelo, y lo hizo en forma incompleta.

El funcionario dio cuenta en un informe de apenas dos folios y en tres párrafos que se ha realizado 50 procedimientos de suspensión de los cuales 15 están en trámite, 17 en sustanciación y 18 con orden de clausura, pero omitió los datos específicos de dichos desarrollos como se requería en el punto de acuerdo que aprobó el pleno del órgano legislativo desde el pasado 20 de diciembre.

En su escueta respuesta, evidenció, sin embargo, que derivado de una auditoría a los últimos dos años de su antecesor, Mario Alberto Palacios Acosta, en materia de manifestaciones de construcción, se iniciaron procedimientos de revocación a 209 manifestaciones de construcción en los que había sido omisa en verificar la correcta integración de los expedientes.

Romero Herrera dio de pretexto para no entregar la totalidad de la información requerida que el punto de acuerdo –promovido primero por la diputada del PRD, Dinorah Pizano, y sometido a discusión y aprobación de la comisión de administración pública local– no estipula el periodo del cual se requiere la información solicitada, por lo cual es imposible atender con exactitud y certeza su solicitud; esto, aun cuando su administración tenía poco más de dos meses al momento de recibir la notificación, el 7 de enero.