El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados, afirmó que la ciudad de México se opuso a la intención del gobierno federal de implantar un código penal único en el país. Advirtió que no podría avalar una norma con tipos penales en los que el Distrito Federal ha avanzado y otros estados no.

Puso de ejemplo la interrupción legal del embarazo, la extinción de dominio, la eliminación del arraigo y de la discriminación, que va junto con pegado al reconocimiento de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, trasvesti, transgénero e intersexual. Nada más vayan a Morelos y a ver qué piensan, o al estado de México. No hay que ir más lejos: ellos están en contra.

Consideró una victoria de su gestión como vicepresidente del Consejo Permanente de Congresos Locales (Copecol) no haberse pronunciado en la anterior reunión en favor de un código penal único, e incluso refirió que así lo expresó en las consultas del Plan Nacional de Desarrollo, que presentó el presidente Enrique Peña Nieto el lunes pasado, donde sólo se plantea el código de procedimientos penales único, no así el código penal.

En una reunión con los reporteros que cubren las actividades de la ALDF, comentó que su objetivo como presidente de ese órgano es que la sexta legislatura sea modelo en América Latina, por la trascendencia de las leyes que emita. Refirió que en la agenda están temas como la trata de personas, la política sobre drogas, el sistema de readaptación social y la movilidad urbana, a los que añadió, como tema de temas, el de la reforma política del Distrito Federal.

En este último punto detalló que se plantea instalar el próximo mes una mesa amplia –que encabezaría el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera– que conjunte las distintas visiones de senadores, diputados, asambleístas y el consejo consultivo. Esto permitirá construir una sola ruta y una sola agenda.

Agregó que en la Copecol se consiguió también que el tema de la reforma política trascienda el Pacto por México, donde también es uno de los compromisos que suscribieron las fuerzas políticas con el gobierno federal.

Al referirse a las críticas por los sueldos que perciben los diputados locales (68 mil 893 pesos mensuales), comentó que se suscribirá un convenio con Transparencia Internacional para que, entre otras acciones, haga un comparativo de las percepciones de los legisladores del Distrito Federal con las de los congresos estatales, donde hay quienes ganan hasta 500 mil pesos mensuales.

Aseguró que no tiene empacho en que se publiquen en Internet las dietas de los diputados –que son las mismas desde 2010–. Reveló que cuando se discutió en la ALDF el tema, propuso que se bajaran a 50 mil pesos mensuales, pero hubo resistencia de la oposición y de algunos perredistas, por lo que se optó por no aumentarla.

De los asuntos internos, consideró que el más grave son los 125 juicios laborales que se han acumulado de legislaturas anteriores, los que, a decir del oficial mayor, presente en la reunión, Aarón Josué Ramos Miranda, cada uno podría implicar pagos de hasta 2 millones de pesos.