En el escenario político nacional no existen razones jurídicas que impidan la inclusión de los Acuerdos de San Andrés en la Constitución, y con ello abrir la puerta al cumplimento cabal de los derechos de los pueblos indígenas a lo largo de toda la República, sostuvo Jaime Martínez Veloz, comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas de México.

En entrevista señaló que los principales elementos que contribuyeron para proponer la inclusión de los acuerdos en la ley, están determinados por la demanda generalizada de los pueblos indígenas de México. Los Acuerdos de San Andrés no eliminarán las contradicciones que existen entre los diferentes actores sociales y políticos, pero son un punto de encuentro que nos permitirá procesar las diferencias. Habría que precisar que los Acuerdos de San Andrés no son un punto de llegada, sino de partida, para el establecimiento de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas de México.

–¿Dónde quedan los cuestionamientos, acerca de que la iniciativa de ley, formulada por la Cocopa, carecía de técnica jurídica?

–Las críticas que se produjeron acerca de la supuesta carencia de técnica jurídica provenía de los mismos sectores que durante los recientes 18 años concesionaron la mitad del territorio nacional (98 millones de hectáreas) a empresas mineras extranjeras y nacionales, creando una situación, altamente riesgosa y conflictiva en casi toda la geografía nacional.

Nosotros hemos realizado un análisis comparado cruzando la iniciativa de ley aceptada por el EZLN, derivada de los Acuerdos de San Andrés, con lo dispuesto en el artículo primero de la Constitución, que le otorga rango constitucional a los tratados y normas internacionales avalados por nuestro país con el convenio 169 de la OIT, con la Declaración en materia de derechos indígenas emitida por la ONU, con lo dispuesto en el Pacto por México y con el Protocolo de Actuación, emitido por la Suprema Corte de la Nación, obligatorio para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, y estamos convencidos que, desde el punto de vista jurídico, no existen razones mayores que impidan el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés.

–Las pasadas administraciones federales, desde Ernesto Zedillo, argumentaron efectos jurídicos negativos a la Constitución si se daba cabida a los Acuerdos de San Andrés –se le recordó.

–Lo jurídico, fue un pretexto que se utilizó como propaganda para descalificar los esfuerzos por la paz, realizados por múltiples actores. Hoy, al amparo de los nuevos marcos nacionales e internacionales en materia de derechos indígenas, no existe ningún argumento válido que impida el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Los puristas o quienes presumen de puritanismo jurídico, deberían revisar los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresados en el protocolo emitido por esta instancia, que echa para abajo toda la sarta de mentiras y pretextos que han impedido, hasta ahora, concretar los esfuerzos de paz frente al levantamiento armado de los zapatistas ocurrido el primero de enero de 1994.

–En este contexto, ¿cuál ha sido la reacción de las autoridades de las que usted depende?

–Desde la primera reunión que tuve con ellos, al momento de expresarle mi opinión y los diferentes argumentos que soportan nuestro posicionamiento, he encontrado receptividad y apoyo. El hecho de que el secretario de Gobernación haya formulado una propuesta en donde en este tema se haya planteado la necesidad de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo, la armonización del Marco Constitucional con los Acuerdos de San Andrés, el Pacto por México, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de la ONU en materia de derechos indígenas, constituyen una definición de fondo en un tema tan delicado. Espero que la Secretaría de Hacienda así lo entienda.

-¿Cuál debiera ser el papel de la nueva Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) desde el Congreso?

–Con profundo respeto a la división de poderes, quisiera puntualizar que la Cocopa puede y debe ubicarse frente al escenario de una deuda histórica con todos los pueblos indígenas de México: el reconocimiento constitucional de sus derechos y cultura indígena; la necesidad de que sus derechos estén garantizados plenamente en la Constitución; de que haya una reforma de las instituciones y programas que tienen que ver con los pueblos indígenas. Se debe ubicar también ante el hecho de que la vía del diálogo y la negociación como camino superior para la resolución de conflictos está desacreditada, y debe restituirse la credibilidad en ella mediante la vía de hechos puntuales y verificables. El cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés restituiría esa credibilidad.