a conmemoración oficial por el Día del Maestro se realizó ayer en circunstancias particularmente difíciles para los docentes del país. A la persistencia de una organización sindical charra, antidemocrática y patrimonialista –rasgos que persisten, a pesar del encarcelamiento de Elba Esther Gordillo, en la cúpula del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación–, se suma una campaña de linchamiento mediático y de criminalización en contra de la disidencia magisterial –particularmente en entidades con una presencia nutrida del magisterio democrático, como Guerrero, Oaxaca y Michoacán–, y la consecuente exasperación de miles de integrantes de ese gremio ante la falta de cauces de representatividad y de diálogo con las autoridades educativas.
Tal exasperación quedó de manifiesto ayer con las multitudinarias marchas de docentes realizadas en una decena de entidades del país, incluida la capital, en rechazo a la reforma educativa recientemente promulgada por el Ejecutivo e impuesta mediante un arreglo cupular y sin consultar a los principales encargados de ejecutarla. Más allá de ese factor de rechazo coyuntural, la inconformidad magisterial ocurre con el telón de fondo de una política que, en coincidencia con el inicio del ciclo neoliberal, se ha caracterizado por profundizar las condiciones de estancamiento y abandono de los ciclos educativos a cargo del Estado y por llevar a los maestros a los últimos escalones de la estructura social. Indicativo de ello es el raquítico aumento, inferior a 4 por ciento, obtenido por el SNTE en la negociación salarial realizada hace unos días, lo que obliga a recordar que nuestro país cuenta con uno de los sectores docentes peor pagados entre las naciones que integran la OCDE. A lo anterior ha de añadirse la pretensión, en el marco de la referida reforma constitucional en materia educativa, de profundizar la precarización de las condiciones laborales de los docentes en el país, atentar contra su estabilidad laboral y contra su derecho a la negociación colectiva y avanzar en la virtual privatización de sus centros de trabajo.
Ese proceso de deterioro en las condiciones de vida del magisterio –el cual, como se comentó ayer en este espacio, ha pasado de ser un ámbito de movilidad y desarrollo personal y colectivo, a representar un espacio de estancamiento y regresión socioeconómica para sus integrantes– tiene como correlato la pérdida de una noción elemental en el ámbito de la opinión pública y del discurso oficial: la enseñanza en general, y los maestros en particular, deben ser vistos como una solución a las múltiples desafíos que enfrenta el país, no como un problema adicional.
En la circunstancia actual, las posibilidades de impulsar un mejoramiento educativo como el que pregonan los firmantes del Pacto por México son prácticamente nulas, y no por mala calidad o falta de capacidad de los docentes, sino porque los cambios necesarios chocan de frente con los intereses económicos y políticos de la camarilla que maneja el SNTE y de las propias autoridades federales, por no hablar de la imposibilidad de desarrollar la política educativa requerida por el país en el contexto de los lineamientos económicos neoliberales aún imperantes en la presente administración. El rescate de la educación requiere, como condición necesaria, una política de Estado en la materia que libere a la enseñanza pública tanto de fanatismos privatizadores como de cacicazgos sindicales y, sobre todo, que restituya al magisterio la dignidad y el valor social que le corresponden.
