Madrid, 14 de mayo.

Alberto Ruiz-Gallardón era visto hasta hace no mucho como un progresista dentro del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy. En sus tiempos de jefe del gobierno regional de Madrid y de alcalde de la capital española votaba por él gente de izquierda. Pero la reforma del aborto que prepara como ministro de Justicia lo coloca ahora, para sorpresa de muchos, en el ala más dura de la formación.

“Ya no toca ser el progre del PP, ¿eh? Estamos en otra etapa”, le espetó la número dos del Partido Socialista (PSOE), Elena Valenciano, en medio del debate que ha abierto.

Gallardón, el mismo que levantó ampollas en el PP al defender el matrimonio homosexual y a quien el sector más conservador de la formación no miró con buenos ojos, ha virado en su imagen progresista en cuestiones sociales y, en el tema del aborto, se alinea ahora con sectores ultraconservadores.

Defiende limitar e incluso eliminar el aborto por malformación del feto, algo que, dice, supone una discriminación por razón de discapacidad.

Con esta posición, el ex alcalde de Madrid, de 54 años, se sitúa junto a quienes arremeten contra lo que califican de aborto eugenésico y junto a miembros de su partido encuadrados en la esfera del Opus Dei.

Es el caso del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, el mismo que la semana pasada, en medio del debate y la polémica abiertos por Gallardón, comparó el aborto con ETA.

De la reforma que prepara Gallardón no se sabe más que lo que él dice. Y sus palabras irritan a la izquierda y a los sectores sociales que defienden el aborto como un derecho de la mujer.

El ministro ha abierto también un cisma en su gobierno y en el PP, en el que sectores más liberales no ven bien su posición.

Algunos, como la vicepresidenta del Congreso de los Diputados, Celia Villalobos, o el portavoz adjunto en esa cámara, Rafael Hernando, lo han dejado claro en público. Otros lo dicen a la prensa bajo condición de anonimato.

La reforma sobre el aborto es un asunto que está debatiéndose en el gobierno. Cuando tomemos una decisión la daremos a conocer y la explicaremos al conjunto de la opinión pública, dijo Rajoy el lunes, admitiendo lo que la prensa llevaba días reflejando: una brecha en el Ejecutivo y el partido que lo sustenta, que puede hacer que la nueva ley tarde más tiempo en llegar.