Al anunciar que la Gendarmería Nacional será presentada en el desfile del 16 de septiembre, el titular del Ejecutivo anticipa que muy probablemente creará dicho cuerpo por decreto presidencial, en vez de enviar una iniciativa de ley al Congreso donde explique con precisión de qué manera funcionará y promover una discusión pública sobre el tema.

Así lo advirtió Édgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, quien señaló que al constituir la gendarmería con miembros de las fuerzas armadas, el gobierno de Enrique Peña Nieto podría replicar una estrategia de seguridad pública cuya ineficiencia ya quedó demostrada.

La creación de la gendarmería tendría que hacerse en el contexto de un proyecto de ley en el que se promueva una discusión pública sobre cuáles son sus objetivos y su naturaleza, por eso nos preocupa que exista la idea de generarla por decreto presidencial, en un acto unilateral y sin debate, afirmó el especialista.

Dicha pretensión resultaría aun más grave, consideró, porque hasta el momento no hay información concreta sobre la funciones del nuevo cuerpo de seguridad –integrado en su primera fase por alrededor de 10 mil elementos–, ni de qué forma se va complementar con las policías estatales y municipales.

Esta historia ya la vivimos en 1998, cuando se creó la Policía Federal Preventiva y después la Policía Federal. Su integración con miembros de las fuerzas armadas ha marcado el talante represivo y violento de estos grupos, cuando lo que tendríamos que plantearnos es su profesionalización con personal civil, enfatizó.

La escasez de información con respecto a la gendarmería hace pensar que quieren meter por la puerta de atrás el tema de la seguridad nacional, un aspecto delicado que han mantenido en la ambigüedad, en una zona gris, añadió.

Aunque algunas voces indican que este cuerpo se encargará de mantener la seguridad en los municipios más conflictivos del país, sostuvo Cortez, otras dicen que sólo se encargarán de custodiar instalaciones estratégicas o que incluso pueden ser un medio para ir retirando a los militares de la lucha contra el crimen organizado, pero la información sigue siendo escasa y no da ningún grado de certeza.

El riesgo es que el Ejecutivo decida a espaldas de resto de la sociedad, en una acción unilateral que puede tener malos resultados o darnos malas sorpresas. Si no se discute públicamente este tema de cara a la sociedad, pueden repetirse estrategias de seguridad fallidas, recalcó.