La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que es inconstitucional imponer un descuento al salario de los reos por el trabajo que realicen en prisión destinado al pago de su sostenimiento, e invalidó el artículo décimo de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, al considerar que va en contra del principio constitucional de que la reinserción social tiene una condición de gratuidad.

El pleno de la SCJN también dejó sin efecto la disposición que ordenaba que las demás deducciones a los reos que trabajen se realizaría a partir del monto sobrante, una vez hecho el descuento correspondiente al sostenimiento; así como la distribución de los ingresos del recluso en 30 por ciento para el pago de la reparación del daño, un porcentaje similar para el sostenimiento de sus dependientes económicos, otro 30 por ciento para la constitución del fondo de ahorro y 10 por ciento para gastos menores del recluso.

Los ministros sostuvieron que ese artículo es inequitativo, porque obligaría a los reos a trabajar para sostenerse y coadyuvar a su manutención, y eso no está previsto en la Carta Magna.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el artículo 10 de la citada ley, la SCJN dejó sin efecto la disposición de que los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio, con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen.

Privatización de penales federales

La decisión se dio en el contexto de un proceso de privatización de las prisiones impulsado por el gobierno federal, que inició con la promulgación de dicha ley, el 19 de enero de 2012, por el entonces presidente Felipe Calderón, y que tiene como eje fundamental el trabajo penitenciario.

El proyecto prevé la operación de ocho centros de reclusión construidos con recursos de la iniciativa privada, los cuales tuvieron un costo inicial de 4 mil millones de pesos para el gobierno federal, pagaderos a 20 años, más intereses, señalaron funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad.

Hasta agosto de 2012, la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal puso en marcha programas de capacitación con actividades como de corte de cabello, repujado, producción de alimentos, gelatina artística, fundición y elaboración de muñecas.

Además, se prevé la creación de un taller ecológico de reciclado, la elaboración de bolsas para viveros y de escobas en los centros federales de readaptación social nímeros 6 Sureste, 7 Nor-Noroeste, 8 Nor-Poniente y en el Complejo Penitenciario Islas Marías.

Las prisiones financiadas por la iniciativa privada, de las cuales se han entregado tres, se encargarán de alimentar y vestir a 15 mil 120 internos y 5 mil 56 reclusas, quienes podrán realizar actividades laborales una vez que hayan recibido cursos de capacitación y que sean seleccionados por los administradores penitenciarios.

Por otra parte, con el voto en contra del ministro José Ramón Cossío, la SCJN validó que la ley excluya a los sentenciados por delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad. “del acceso al trabajo penitenciario y al logro de una eficaz reinserción social.

No encuentro de dónde se extrae una excepción para que los internos en prisiones de máxima seguridad no cuenten con una condición de igualdad al resto de los internos del país señaló Cossío.

Los ministros resolvieron que la limitación referida de modo alguno impide que se lleven a cabo actividades dirigidas al logro de la reinserción social, pues sólo se refiere a su trabajo en la industria penitenciaria y no al acceso al trabajo en general.