Washington, 14 de mayo.

El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, dijo este martes que él no desempeñó ningún papel directo en la obtención y revisión de los registros telefónicos de la agencia de noticias The Associated Press (Ap), y sostuvo que la controvertida decisión dentro del Departamento de Justicia la tomó el subprocurador general, Jim Cole, al salir al paso del último escollo que enfrenta la administración del demócrata Barack Obama.

Tras el triunfal inicio de su segundo mandato, en enero pasado, el presidente Obama se encuentra en medio de escándalos repentinos que nunca enfrentó durante su primer periodo presidencial. Entre ellos están las acusaciones de que existe persecución fiscal injusta hacia los grupos conservadores que conforman el Tea Party, sospechas de que el gobierno encubrió negligencias en el caso del atentado contra el consulado estadunidense en Bengasi, Libia, en septiembre pasado, la promesa incumplida de cerrar Guantánamo, donde más de 160 sospechosos de terrorismo están recluidos desde hace más de diez años sin juicio ni condena, y el retraso en la aprobación de una reforma migratoria.

La obtención y revisión de registros telefónicos de periodistas de Ap, vista por críticos como un masivo agravio a la libertad de prensa, ha provocado un escándalo en Washington y generó cuestionamientos sobre la forma en que el gobierno de Obama intenta balancear la necesidad de reforzar la seguridad nacional con los derechos de privacidad.

La Casa Blanca justificó hoy la agresiva política para investigar filtraciones de información clasificada a la prensa, como parte de los esfuerzos para proteger la seguridad nacional.

Holder dijo que la información revelada sin autorización puso en riesgo al pueblo estadunidense y requería una acción muy agresiva.

Indicó que no tenía datos específicos sobre la formulación del pedido de registros telefónicos de Ap, pero que no creía que el Departamento de Justicia hubiera realizado malas prácticas.

Confío en que las personas involucradas en esta investigación siguieron todas las regulaciones del Departamento de Justicia, sostuvo Holder, durante una rueda de prensa convocada para dar detalles sobre un fraude relacionado con el programa de salud Medicare.

El fiscal subrayó que las filtraciones que se suscitaron son muy serias.

En respuesta a las declaraciones de Holder, el presidente de Ap, Gary Pruitt refutó que la publicación del artículo sobre Al Qaeda hubiera puesto en peligro la seguridad nacional. “Mantuvimos sin publicar ese reportaje hasta que el gobierno nos aseguró que sus preocupaciones habían pasado. En efecto, la Casa Blanca se preparaba para anunciar públicamente el fallido atentado con bomba. Pruitt, citado por The New York Times, señaló que el reportaje era importante porque refutaba aseveraciones gubernamentales de que la red Al Qaeda no planeó ataques que coincidieran con el primer aniversario del asesinato de Osama Bin Laden.

El subprocurador Cole, a quien Holder responsabilizó del espionaje a Ap, afirmó que la obtención de llamadas cubrió sólo dos meses. Entendemos su posición en cuanto a que las órdenes para confiscarlas debieron guardar mayor congruencia con la política del Departamento de Justicia, pero el material requerido era limitado en cuanto a lapso y temática, escribió en documentos citados por el mismo rotativo. Había una base numérica asociada al personal de Ap involucrado en el reporteo de información clasificada, y no buscaban averiguar el contenido de las llamadas telefónicas.

El vocero presidencial, Jay Carney, insistió en que a pesar de esta investigación, Obama está comprometido con la defensa de los medios de información para realizar su trabajo dentro de la primera enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de expresión. Pero él también, como ciudadano y comandante en jefe, está comprometido con la idea de que no podemos permitir que se filtre información clasificada que lesione nuestros intereses de seguridad nacional.

Carney recalcó que la Casa Blanca no tiene conocimiento de ningún intento del Departamento de Justicia para obtener los registros telefónicos de Ap.

La investigación del Departamento de Justicia tiene que ver con la historia difundida por Ap en mayo de 2012 sobre la existencia de un espía reclutado por sauditas para infiltrar a la red Al Qaeda en la península arábiga. El presunto espía recibió una bomba para hacerla estallar en un avión con destino a Estados Unidos, pero el infiltrado entregó el artefacto a las autoridades de Riad, a quienes reveló los detalles del complot.

En una rueda de prensa en la que pasó aprietos para justificar esta acción, Carney, ex jefe de la oficina de la revista Time en Washington, no explicó si el gobierno ha llevado a cabo más investigaciones como la que ejecutó con Ap en otros medios de comunicación.

The Independent señala que los presidentes estadunidenses que tienen un segundo mandato normalmente sufren todas sus calamidades en ese periodo. El diario londinense dice que después de un mandato prácticamente sin escándalos, la administración de Obama combate actualmente tres frentes: el atentado en Bengasi por el cual la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, asumió toda la responsabilidad antes de retirarse, pero sobre el cual persisten dudas y cuestionamientos sobre si hubo un encubrimiento del hecho de que las autoridades pudieron haber evitado el ataque y la muerte de su personal consular, incluido el embajador estadunidense en Libia, Christopher Stevens.

Asimismo, el gobierno está bajo fuego pues un reporte divulgados esta semana por la Tesorería General descubrió que el Servicio Tributario Interno (IRS por sus siglas en inglés) desarrolló criterios inapropiados para determinar obligaciones fiscales de los grupos conservadores que conforman el Tea Party, lo que ha generado un masivo rezago en las operaciones, tanto del entre fiscal como de las formaciones ligadas a los republicanos.

Funcionarios no mencionados en el informe de la Tesorería justificaron los criterios aplicados a los requerimientos impuestarios de los conservadores como técnicas para simplificar los procesos. Pero el documento gubernamental acusa a la IRS de “desarrollar criterios que se enfocan en los nombres de las organizaciones y posiciones políticas, en vez de las actividades que son permitidas por las regulaciones de la Tesorería.

Holder, de nuevo, aseguró que el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) examinarán si hubo alguna violación a la ley por la agencia, que ha admitido haber seleccionado por nombre y no por actividad a la agrupación “Tea Party y a uno de sus miembros”, o patriota, para solicitar auditorías.

Lois Lerner, directora del departamento de supervisión de organizaciones exentas de impuestos del IRS, admitió que los empleados de una oficina de Ohio clasificaron a los grupos con las etiquetas de patriota o “Tea Party” para hacer revisiones adicionales durante las elecciones del año pasado con el fin de determinar si habían violado su estatus de exención de impuestos. Lerner dijo que la decisión no fue originada por razones partidistas, sino que constituyó un error de juicio y en una teleconferencia ofreció una disculpa.

Obama anunció por la noche que se investigarán estas denuncias y ordenó al secretario del Tesoro Jack Lew emprender acciones contra los responsables.

Están también las promesas que hizo Obama tanto en su primera como en la segunda campañas por la presidencia: el cierre de la prisión de Guantánamo y una reforma migratoria.