El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, anunció que la reforma constitucional sobre telecomunicaciones es una realidad porque ya fue aprobada por 17 congresos estatales, cantidad suficiente para que la reforma tenga validez legal.

Por separado, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), Tristán Canales, señaló que ante la discusión de leyes secundarias vienen meses intensos y definitorios para la industria, por lo que hizo un llamado a la unidad a sus afiliados, y dijo que sólo una actitud responsable e institucional garantizará una defensa eficaz de sus legítimos derechos.

Canales señaló que el Pacto por México y los acuerdos que de ahí se han derivado para incentivar la competencia son positivos para apuntalar el progreso social, económico y político de México.

Invitado a la sesión del consejo directivo de la CIRT, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, señaló que el mayor interés del gobierno federal es definir la Agenda por México, por encima de los intereses de los partidos políticos, para generar el desarrollo que requiere el país.

Explicó que las prioridades económicas de la agenda comprenden la integración productiva a nivel internacional y una política industrial que robustezca el mercado interno.

Al conocer que 17 Congresos estatales ya aprobaron la reforma constitucional del sector telecomunicaciones, Ruiz Esparza dijo que la SCT reconoce el esfuerzo responsable de las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión, así como de las legislaturas locales que aprobaron la reforma, con lo cual se fortalece el sector de las telecomunicaciones en el país.

Calificó la aprobación de la reforma constitucional de telecomunicaciones como un proceso histórico, que generará más competencia, abatirá precios y permitirá mayor conectividad de banda ancha y calidad en los servicios.

La reforma considera nuevos derechos constitucionales, así como la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y tribunales especializados para resolver conflictos en la materia, entre muchas otras disposiciones.

El primer Congreso que aprobó la reforma fue el del estado de México, seguido de Querétaro, Chihuahua, Coahuila, Tlaxcala, Aguascalientes, Puebla, Chiapas, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Tamaulipas, Nuevo León y cuatro más.